Respuesta municipal
El alcalde de Mérida celebra la sentencia del TSJEx: "Confirma la legalidad del concurso de las cámaras de Zona de Bajas Emisiones"
El Ayuntamiento de Mérida prepara el certificado que acredita el precinto de las cámaras de la ZBE, tal y como solicita el auto judicial del TSJEx

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. / Javier Cintas

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tras el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), con fecha de 4 de mayo de 2026, en relación a los elementos vinculados directamente al sistema de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, ha mostrado su satisfacción por la reciente sentencia que “nos da la razón al ayuntamiento y, por tanto, no anula el concurso por el que se pusieron en marcha los dispositivos de las zonas de baja emisión”, ha dicho el regidor emeritense.
En este sentido, ha subrayado que se trata de “una importante victoria contra la insidia y la mentira, además condenando en costa a la Asociación de Demomapex”. Una asociación, ha incidido, “está intentando confundir a la opinión pública” y con esta sentencia, “lo único que se pide es un certificado de que, a día de hoy, esas cámaras no funcionan, como así está sucediendo”.
De esta manera, ha señalado que el Ayuntamiento de Mérida “ya está preparando el certificado que explica que esas cámaras no están funcionando” en la actualidad.
Además, el regidor emeritense ha avanzado que en el pleno ordinario correspondiente este mes, que tendrá lugar el próximo 28 de mayo, “se va a aprobar definitivamente la ordenanza que regulará esta zona, entrando en vigor en los plazos que determine el equipo de gobierno”.
Por tanto, ha valorado positivamente este auto, contra el que no cabe recurso, puesto que “el concurso que establecía el coste de todas esas cámaras sigue adelante” y el TSJEx “ha rechazado esa petición de anulación del concurso que, sin duda alguna, pretendía esta asociación, que ha fracasado su intento”.
Por último, el alcalde de Mérida ha reiterado que “ganamos la sentencia que pedía invalidar el concurso de las cámaras de ZBE” y “la condena a DEMOMAPEX en costas sin posibilidad de recurso, que fracasan en su intento de anular la instalación de las cámaras”.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha acordado, en un auto fechado el 4 de mayo de 2026, que la Secretaría General del Ayuntamiento de Mérida certifique la existencia del precinto de los elementos necesarios para impedir que entren en funcionamiento las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones, así como las instalaciones y sistemas informáticos que las regulan.
El alcalde ha respondido así a la asociación Fondenex, que hoy mismo ha asegurado que "el auto dispone que se acredite el precinto de los elementos operativos necesarios para que no puedan ponerse en funcionamiento operativo las cámaras y equipos objeto del contrato. La resolución se refiere al expediente número 39 CM 24 y, de acuerdo con la asociación, contra ella no cabe recurso".
La decisión judicial llega después de que se solicitara la ejecución provisional de la sentencia que afectaba al contrato de suministro de las cámaras. Fondenex sostiene que el ayuntamiento de la capital extremeña deberá ahora acreditar que esos equipos no pueden funcionar mientras sigue abierto el recorrido judicial del caso.
El precedente del contrato anulado
El conflicto no parte de cero. Fondenex recuerda que el TSJEx ya declaró no ajustado a Derecho el proceso de contratación para la adquisición de las cámaras e instalaciones previstas para la Zona de Bajas Emisiones de Mérida y condenó en costas al consistorio emeritense.
Tras esa resolución, las entidades recurrentes pidieron el apagado y precinto de los equipos, una solicitud que, según Fondenex, fue estimada en recurso de reposición. La asociación interpreta que el nuevo auto refuerza la posición de quienes cuestionan la implantación de la ZBE diseñada por el consistorio.
La asociación presentó el 28 de noviembre de 2025 una reclamación previa contra el proyecto de Zona de Bajas Emisiones y su ordenanza en Mérida. En ese escrito, según expone la entidad, se denunciaba que no se había garantizado una participación pública efectiva en el proceso de diseño y establecimiento de la ZBE.
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