Leda pide 150.000 euros para ceder la línea Mérida-Sevilla y el Gobierno inicia la retirada de la concesión

El Gobierno de España ha iniciado el procedimiento para anular la concesión administrativa de la línea de autobús Mérida-Sevilla, actualmente en manos de Leda, después de que la empresa haya dejado de prestar el servicio. Así lo ha explicado este lunes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha enmarcado el caso en una situación "compleja" por el estado económico y jurídico de la compañía.

Quintana ha detallado que Leda cuenta con la concesión de la línea Mérida-Sevilla, de competencia estatal, y también con la concesión de la estación de autobuses de Almendralejo, otorgada por la Junta de Extremadura. La empresa, según ha señalado, presentó concurso de acreedores, mantiene deudas con la Seguridad Social, con los trabajadores y con otros acreedores, y se encuentra ahora en periodo de liquidación.

"Al haber dejado de prestar el servicio, el Ministerio lo que hace es iniciar el proceso para anular esa concesión administrativa y, una vez que se ha interrumpido, tratar dentro de lo máximo posible de volver a concesionar esa línea", ha indicado el delegado del Gobierno.

Una tramitación sin plazos cerrados

El delegado del Gobierno ha reconocido que el proceso no tiene aún un calendario definido. Preguntado por los plazos entre el inicio de la tramitación y la restitución del servicio, Quintana ha admitido que se trata de "una situación compleja de negociación" y ha señalado que la empresa no está facilitando la resolución.

"No estamos teniendo facilidades por parte de la empresa", ha afirmado. Según ha explicado, en la fase de liquidación la compañía pretende ceder tanto la línea como la estación de autobuses de Almendralejo, pero reclama 150.000 euros por esa operación. "Las empresas en eso no entran", ha apuntado.

Ante esa situación, el delegado ha subrayado que el Ejecutivo central ha optado por la vía administrativa: "El Gobierno de España lo que ha hecho primero es iniciar los trámites para anular esa concesión y podérsela dar a otro, pero evidentemente eso tiene unos plazos. Yo ahora los desconozco. Queremos que sean lo antes posible".

Quintana ha insistido en que el procedimiento se ha puesto en marcha en cuanto se ha tenido constancia de la interrupción del servicio, pero ha remarcado que la Administración debe actuar conforme al marco legal. "Estamos en un Estado de derecho y tenemos que cumplir todas las condiciones", ha señalado.

Competencias compartidas

El delegado del Gobierno ha aclarado también el reparto competencial en este caso. Según ha indicado, el Gobierno central interviene porque la línea Mérida-Sevilla afecta a más de una comunidad autónoma, mientras que la estación de autobuses de Almendralejo depende de la Junta de Extremadura.

"Nosotros llevamos la concesión de la línea Mérida-Sevilla y de la Junta es la estación de autobuses de Almendralejo. Pero la empresa tiene la misma dificultad en todo", ha explicado Quintana.

El PSOE defiende la vía legal

También se ha pronunciado sobre este asunto el portavoz del PSOE extremeño, Manuel José González Andrade, quien ha afirmado que al partido le consta que el Gobierno central "está trabajando en restituir esta línea". González Andrade ha defendido que esa actuación se está haciendo "dentro de la ley" y ha cuestionado algunas de las medidas planteadas por la Junta de Extremadura.

"Lo que no podemos compartir es la presión o las medidas que quiere implantar para la restitución por parte de la Junta de Extremadura fuera de la ley", ha señalado el portavoz socialista.

González Andrade ha insistido en que el Ejecutivo central no va a actuar al margen del procedimiento legal. "Sabemos, y lo hemos sabido desde el jueves, que el Gobierno de la Junta de Extremadura es capaz o quiere actuar fuera de la ley. No lo va a hacer el Gobierno de España", ha manifestado.

Preguntado por esas actuaciones que considera fuera de la ley, el portavoz del PSOE extremeño ha evitado concretar más detalles, aunque ha sostenido que "hay algunas cuestiones que plantea la Junta de Extremadura que están fuera de la ley". En todo caso, ha reiterado que el Gobierno central está intentando restituir el servicio y ha confiado en que pueda haber una solución "pronto".