La ZBE de Mérida ya es definitiva: Osuna la congela hasta 2027 y el PP denuncia un "cerrojazo" al centro

El pleno municipal de Mérida ha aprobado este jueves de forma definitiva la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una normativa que nace ya con una fecha clave sobre la mesa: no entrará en vigor hasta julio de 2027. La ordenanza, que ha sido aprobada con los votos a favor del PSOE y Unidas por Mérida, el voto en contra de Vox y XMérida y la abstención del PP. La ordenanza salió adelante con los votos del PSOE, la abstención del PP y el voto en contra de XMérida y Vox. Además, su activación no será automática, sino que quedará condicionada a que los parámetros medioambientales indiquen niveles elevados de emisiones contaminantes.

La aprobación definitiva ha incorporado alegaciones y aportaciones presentadas durante el periodo de exposición pública por comerciantes, vecinos y distintos sectores sociales y económicos de la ciudad. Desde el equipo de Gobierno se ha defendido que la ordenanza culmina un proceso participativo basado en el "diálogo, el consenso y la escucha activa" con la ciudadanía y con los sectores implicados.

Una ZBE con arranque aplazado

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha resumido la ordenanza en tres grandes medidas con las que, según ha explicado, se busca proteger a la ciudadanía emeritense, al comercio local y al turismo. La primera es precisamente ese calendario aplazado hasta julio de 2027, al que se suma otra condición: la ZBE solo se activará cuando se detecten niveles elevados de contaminación, como ocurre en otras ciudades españolas.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha señalado que "es más que probable que no tenga que activarse en mucho tiempo". El alcalde ha defendido que la normativa debe entenderse como una herramienta preventiva y de control ambiental, vinculada al cumplimiento de la legislación estatal y europea en materia de sostenibilidad y movilidad urbana, y no como una restricción inmediata sobre el centro de la ciudad.

Vecinos, comercio y turismo

La ordenanza recoge que todos los vecinos y vecinas de Mérida que tengan sus vehículos empadronados en la ciudad y abonen el impuesto municipal de circulación no tendrán limitaciones de acceso. Tampoco estarán afectados por restricciones los comerciantes, residentes de las calles incluidas en la ZBE, propietarios, trabajadores o vehículos de carga y descarga que cuenten con la correspondiente autorización municipal, incluso aunque no sean de Mérida.

El objetivo, según ha indicado Rodríguez Osuna, es "proteger la actividad económica y asegurar la movilidad cotidiana de quienes viven y trabajan en la ciudad". La norma contempla además facilidades para turistas, visitantes y personas que desarrollen cualquier actividad económica o comercial en Mérida, que podrán acceder solicitando autorización o utilizando los aparcamientos públicos habilitados.

Otra de las claves de la ordenanza es que cualquier vehículo que acceda de manera puntual dispondrá de un margen de 30 minutos para realizar gestiones o abandonar la zona sin restricciones. Desde el equipo de Gobierno se ha insistido en que la ZBE "no perjudicará ni a la ciudadanía de Mérida, ni al comercio, ni al turismo", sino que permitirá mejorar la información medioambiental y de tráfico y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

Fotogalería | Pleno del Ayuntamiento de Mérida

Ver galería

Críticas del PP

Frente a este planteamiento, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mérida ha denunciado que el PSOE está utilizando la Zona de Bajas Emisiones como "excusa" para imponer un modelo de ciudad que, a su juicio, está perjudicando gravemente al comercio local y dificultando la movilidad de miles de emeritenses. Los populares han aclarado que no cuestionan la obligación legal de implantar una ZBE, sino "la manera radical e ideológica en la que el equipo de gobierno la está aplicando en Mérida".

"Ni la ley obliga a peatonalizar masivamente el centro, ni obliga a llenar la ciudad de plataformas únicas permanentes, ni a expulsar el tráfico de los principales ejes comerciales", ha señalado el PP, que vincula el actual modelo urbano con una pérdida de clientes en el comercio tradicional, dificultades de acceso al centro, problemas de carga y descarga y desplazamiento del consumo hacia grandes superficies periféricas.

Los populares han advertido además de que la combinación de restricciones de tráfico, barreras físicas y plataformas únicas está generando "un auténtico cerrojazo urbano", con especial incidencia en personas mayores, residentes y vecinos con movilidad reducida. "El problema no es la Zona de Bajas Emisiones; el problema es el modelo restrictivo que el PSOE ha decidido imponer en Mérida", han afirmado.

El Grupo Municipal del PP ha reclamado una revisión urgente del actual diseño urbano y de las plataformas únicas, al considerar que existen alternativas "más flexibles, equilibradas y adaptadas a la realidad económica y social de la ciudad". "Una ciudad sostenible no puede convertirse en una ciudad inaccesible. Si el centro pierde comercio, actividad y vida, Mérida sale perdiendo", han concluido.

Por Mérida y Vox, en contra

El portavoz del grupo municipal XMérida, Miguel Valdés, ha asegurado que la ordenanza "nace coja y gravemente enferma" por su dependencia de un sistema de cámaras y software de control en la Zona de Bajas Emisiones, y ha cuestionado las garantías en materia de protección de datos.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Vox, Marta Garrido, ha presentado varias reclamaciones relativas a la calidad del aire, la delimitación del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones y la implantación de la plataforma única, así como a la eliminación de aparcamientos.

De esta forma, ha señalado que la delimitación del aparcamiento afecta al centro de la ciudad, al considerar que "la intensidad del tráfico en la zona no justificaría su inclusión", y ha indicado que "podrían haberse contemplado otras áreas con mayores niveles de emisiones contaminantes".