El sector de la ortopedia está inmerso en el momento más convulso de su historia, motivado por la orden ministerial por la que Sanidad prevé modificar la cartera de servicios de órtesis, prótesis y sillas de ruedas. La razón es clara: las nuevas condiciones empeoran las prestaciones y muy posiblemente llevarán al cierre o a despidos en la mitad de las 500 ortopedias que operan en el país.

Se trata de un sector compuesto por pequeñas empresas, de tipo familiar y de pocos empleados en su mayor parte, que está viviendo un duro momento al haber fijado el ministerio mencionado a la baja los precios de los productos, sin tener en cuenta los servicios de adaptación individualizada que prestan las ortopedias y reservándose la potestad de cambiar los precios cada año.

En este contexto, el ministerio que a día de hoy encabeza Alfonso Alonso está decidido a modificar la cartera de servicios de manera que la sanidad pública únicamente cubra los productos incluidos en el nuevo catálogo, cuyos precios fijará y revisará cada año de manera unilateral.

En dicha relación se disminuye el precio de venta al público de los productos y con él los cerca de cuatro millones de usuarios que hay en España pierden el derecho a las ayudas si optan por utilizar prótesis u otros artículos (andadores, sillas de ruedas, etcétera) no catalogados, algo que, por otro lado, no podrán recetarles los especialistas.

De esta manera, los productos que sobrepasen el importe oficial quedan fuera de la prestación pública. Hasta ahora, el usuario podía optar por un producto que quedara completamente cubierto o pagaba la diferencia entre el precio del establecimiento y la financiación asignada para un producto con otras características técnicas o estéticas. Igualmente, el Gobierno pretende alargar los plazos de renovación de todos los productos, lo que puede dar lugar a situaciones inconcebibles como que a los niños que utilizan las ayudas se les queden pequeñas, cuando lo lógico sería que se pudieran ir renovando en función del crecimiento, o que productos destinados a reducir inflamaciones o corregir posiciones no puedan remplazarse evolutivamente cuando empiecen a surtir efecto.

Tampoco la orden ministerial tiene en cuenta que los productos ortoprotésicos están en constante evolución, con nuevas técnicas y mejoras que no podrán ser aplicadas en la sanidad pública si no las recoge el catálogo.