Bajar para subir

Insistía José Luis González en que la subida del precio del autobús urbano en Badajoz desde el 1 de julio no es realmente una subida, sino que se ha vuelto a la tarifa anterior, tras disfrutar de una bajada del 50% en los abonos durante dos años. José Luis González es el concejal de Transportes del Ayuntamiento de Badajoz que, a diferencia de Cáceres y Mérida, no ha mantenido el descuento hasta final de año.

González fue el encargado de anunciar que el autobús dejaba de estar bonificado. Según dijo, han cambiado las reglas de juego del Ministerio de Transportes que, durante el tiempo que se ha aplicado la bonificación, ha aportado el 30% del coste, mientras que el ayuntamiento asumía el 20% restante. Reglas de juego que también habrán cambiado para Cáceres (donde gobierna el PP, como en Badajoz) y para Mérida (con el PSOE, el mismo partido del Gobierno central y, por tanto, del ministerio). Cáceres ha mantenido la reducción del 50% en sus abonos y la gratuidad para niños menores de 16 años y mayores de 65; mientras que en Mérida es totalmente gratuito, de manera que el ayuntamiento aporta la cantidad que el ministerio no asume.

En Badajoz, su ayuntamiento no ha estado nunca por la labor de costear la ayuda completa el tiempo que ha estado en vigor la rebaja. Cuando el polémico decreto Omnibus retrasó la anterior convocatoria, el alcalde pacense, Ignacio Gragera, no se comprometió a que el ayuntamiento sufragaría todo el descuento si no salía adelante la subvención del ministerio. Finalmente, se convocó la ayuda y la bonificación empezó a aplicarse el 1 de marzo (el servicio volvió a subir durante dos meses). Se retrasó y, según se ha sabido después, tanto Badajoz como Cáceres han perdido estas ayudas precisamente por haberlas aplicado tarde. Ambos ayuntamientos han presentado alegaciones y parecen tener lógica en sus argumentos, pues teniendo en cuenta las fechas de aprobación del decreto que las regula y los procedimientos imprescindibles, no se podían aplicar antes.

Lo que sí ha hecho siempre Gragera, con razón, es defender que esta medida debería tener continuidad y no depender periódicamente de una convocatoria que, como se ha demostrado, a veces topa con disputas políticas que dan al traste con los plazos y es el usuario el que acaba saliendo perjudicado. Lo defiende siempre que el ministerio -claro está- ponga la mayor parte.

 Se ha demostrado que esta rebaja ha supuesto un incremento del número de viajeros. Tantos que en Badajoz se han recuperado las cifras anteriores a la pandemia. Todos los ayuntamientos que han hecho uso de esta subvención coinciden en que se ha cumplido el objetivo marcado: fomentar la utilización del transporte público. «Las ayudas son buenas, pero la forma de gestionarlas es mejorable», reconocía y a la vez se lamentaba José Luis González.

 Según el concejal, a pesar de las dudas que generan las nuevas condiciones de concesión, el ayuntamiento la ha solicitado y está aprobada una resolución provisional. ¿Entonces? ¿Por qué no se aplica si está aprobada? No es porque el ayuntamiento quiera asegurarse el dinero por delante, pues la subvención llega con posterioridad a su aplicación. Es cierto que el autobús urbano es costoso para las arcas municipales, que tienen que cubrir el déficit de la empresa concesionaria y el dinero público no es ilimitado. Tampoco lo es en Mérida ni en Cáceres, cuyos ayuntamientos han demostrado una apuesta firme por el fomento del transporte público como alternativa al vehículo particular. Si tan buenas son las ayudas, como reconoce el concejal, y los resultados las avalan, ya es hora, después de dos años, de que el ayuntamiento se comprometa y las mantenga, sin tener que esperar la convocatoria del ministerio con todos sus requisitos. Y si después llegan, bienvenidas. Pero no sometan a los usuarios a estos vaivenes. Ahora bajan, ahora suben.