El equipo de gobierno respondió ayer al grupo PSOE-regionalista sobre los pagos valorados en ocho millones de euros que se han hecho desde junio hasta ahora en el ayuntamiento, y lo hizo asegurando que el 56% de esos ocho, unos 4,5 millones, pertenecen a las nóminas y seguros sociales de los trabajadores del consistorio.

El gobierno popular justificó ayer, a través de una nota de prensa, los pagos realizados por el ayuntamiento desde el 11 de junio hasta el 4 de octubre presentando un desglose de los mismos. En la citada nota afirma que la mayor parte de esos ocho millones de los que habló el PSOE en una rueda de prensa ofrecida la semana pasada se han destinado al gasto del personal. El resto, señaló, se corresponden con el pago de certificaciones de obras que se están ejecutando y que no pertenecen a esta legislatura, así como también al pago de los bancos.

De las citadas certificaciones de obras, de la pasada legislatura, se han pagado 617.000 euros, según dicho desglose. También aclaró que el pago a los bancos por los préstamos pedidos ascendió a 500.000 euros a los que hay sumar los intereses y la demora de los pagos, que asciende a 230.000 euros. Sumando ambas cantidades se ha abanado a los bancos 730.000 euros.

El equipo de gobierno del Partido Popular detalló en el desglosado que además se han pagado 608.000 euros al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) por la gestión y recaudación de los recibos de los distintos impuestos y tasas municipales del año pasado.

OTROS PAGOS De los fondos europeos Feder de la legislatura pasada se han abonado 435.000 euros y de la deuda de la empresa mixta de limpieza 156.000 euros. También se contempla el pago de expropiaciones aprobadas en la anterior legislatura por valor de 383.000 euros y 271.000 euros para el mantenimiento de edificios municipales y alumbrado público. El equipo de gobierno además hace referencia a los abonos de la cuota de la Mancomunidad de Tierra de Barros, el transporte urbano, la subvención concedida del Salón del Vino y la Aceituna, entre otros gastos, que ascienden a 350.000 euros. También se incluye el pago de alquileres de locales de las asociaciones (39.000 euros), los cursos subvencionados (22.000 euros), la certificación de las obras de Aprosuba (10.000 euros), los tributos pagados (2.218 euros), las indemnizaciones por siniestros (1.280 euros) y las comisiones bancarias (40 euros).

Todos estos pagos suman un total de 8.178.000 euros. Son los ocho millones de euros que el grupo PSOE-regionalista aseguraba que se habían gastado en lo que va de legislatura y cuya justificación habían solicitado en varias ocasiones por escrito en el ayuntamiento y no se la habían facilitado de forma detallada, pero sí los pagos generales. Por ello, los socialistas anunciaron que presentarían un recurso contencioso administrativo si el ayuntamiento no les facilitaba la información al detalle.

PROVEEDORES En cuanto al pago de proveedores, el equipo de gobierno aseveró que se está haciendo como marca la ley, "por antigüedad", excepto en los casos de pagos necesarios para el cumplimiento de servicios municipales, como puede ser el suministro eléctrico, la empresa mixta de limpieza, o la gasolina, y "los necesarios para efectuar reparaciones y reformas imprescindibles" como las requeridas para que los colegios empezacen el curso escolar en las mejores condiciones posibles o para que las obras que estaban en curso se pudieran terminar..

El gobierno del PP señaló ayer que los proveedores "no venden al ayuntamiento" porque la deuda que dejó el anterior equipo de gobierno "es tan enorme" que sus negocios no lo pueden soportar, y recuerda que se han comprometido a pagarles.

En la nota también destaca que "no había ni hay dinero en la caja del ayuntamiento y la deuda sigue siendo descomunal". Señaló que estos pagos se están haciendo "con mucho esfuerzo y mirando cada euro". Por último, acusó a los socialistas de vender solo el 4% de los terrenos que tenían previsto vender (ya que aseguran que basaron el presupuesto en la venta de patrimonio valorado en seis millones de euros), que "vuelven a engañar" a la población con sus declaraciones y que la deuda que dejaron en mayo asciende a 30 millones de euros.