El pleno de la corporación de Almendralejo, durante la sesión de septiembre, ha aprobado una modificación de la ordenanza fiscal número 7 que hace referencia a la tasa que se paga al ayuntamiento por la expedición de documentos administrativos, según la cual, y a partir de ahora, las administraciones públicas están exentas de su pago y se evita así problemas como el surgido con la Junta de Extremadura el pasado año que tuvo que empezar varias obras en centros educativos con retraso al no obtener la licencia correspondiente por no haber abonado la citada tasa, en algunos casos de 100 euros.
Esta situación se ha dado especialmente en los últimos años con las obras que tenía que ejecutar la Consejería de Educación, cuyos retrasos se justificaban porque no les había sido concedida la licencia definitiva por parte del ayuntamiento por no haber abonado la tasa. Así ocurrió, por ejemplo, con la reforma integral del instituto Santiago Apóstol o con otros trabajos previstos en el IES Carolina Coronado y los colegios Antonio Machado y José de Espronceda. Entonces, fue la Coordinadora Empresarial (Ceal) la que decidió desbloquear la situación abonando 400 euros en tasas municipales para la concesión definitiva de la licencia.
«Nos hemos adaptado a la realidad. El anterior equipo de gobierno ha tenido ocho años para hacerlo y no lo ha hecho. Con esto, evitamos situaciones dantescas por la no concesión de las licencias urbanísticas», argumentó la portavoz del grupo socialista, Raquel del Puerto.
Hacienda municipal/ Durante el pleno de septiembre, la economía municipal tuvo también un gran protagonismo. En la sesión se informó de varios informes de Intervención Municipal referentes al ejercicio presupuestario del 2018. Uno aludía a los tres reparos levantados por Alcaldía el pasado año con más de 50 expedientes de contratación a través de contratos menores, un proceso que la Intervención no consideró como el más adecuado. El valor de los tres se cifra en 1,6 millones. El PSOE criticó al anterior gobierno popular de abusar de los contratos menores para «fraccionar contratos».
El pleno también trató la aprobación de la Cuenta General de 2018 con un resultado presupuestario de 3,7 millones de euros, aproximadamente, según las cifras aportadas por la delegada de hacienda, Juliana Megías.
Las cuentas anuales del 2018 reflejan un aumento de los ingresos en la gestión ordinaria en dos millones y unos gastos que aumentan en 876.000 euros.
Tanto PSOE como Ciudadanos subrayaron que los resultados del superávit presupuestario no se deben «a una buena gestión, sino porque no se ejecutaba el presupuesto y se han subido impuestos como el IBI o las cocheras. Han actuado con presupuestos falsos», dijo Raquel del Puerto.
José García Lobato, portavoz de los populares, defendió la gestión de su antiguo equipo de gobierno y señaló que «hay un interés desmesurado por parte del PSOE de emborronar una Cuenta General que proporciona resultados positivos. Hemos dejado las arcas llenas de proyectos y de dinero al ayuntamiento».
