El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha señalado que tratará de reunirse con algún representante del Ministerio de Hacienda para hacerle ver la realidad económica del consistorio en relación a la obligatoriedad de acogerse a la modificación de las condiciones financieras de los préstamos ICO, es decir, los préstamos que se aprobaron en 2012 para el pago a proveedores.

El Gobierno central propuso una agrupación de préstamos que obliga a los ayuntamientos a seguirlo. Al de Almendralejo, por ejemplo, le restan por abonar 5,5 millones de estos préstamos. Según las nuevas condiciones, no lo haría durante los ejercicios del 2020 y 2021, pero tendría que pagar luego todo en dos cuotas de 2,7 millones de euros cada una (en 2022 y 2023). Esta medida conlleva tener que pagar unos 90.000 euros más en intereses. Este tema fue uno de los más candentes del pleno de octubre.

Ramírez asume que quizá hubiera sido más conveniente que esta medida fuera de carácter voluntario, pero están obligados a cumplirla y «no vamos a permitir que nos saltemos la ley», en respuesta a la bancada popular que no está de acuerdo y le pidió que votará en contra.

mucho endeudamiento / Criticó además que el nivel de endeudamiento ha subido en los últimos años, lo cual, en gran parte, está motivado por la transformación de 6,5 millones de deuda de corto a largo plazo que hizo el equipo de gobierno popular en 2017 porque ahora habrá que pagarlos coincidiendo con los ICO. No obstante, indicó que «seremos responsables». Tiene la posibilidad de amortizar estos préstamos con antelación, aunque eso suponga un esfuerzo extra en cada ejercicio.

El Partido Popular, por su parte, cuestionó, a través de su portavoz, José García Lobato, la conveniencia o no de tratar el citado tema en el pleno de octubre, ya que la medida es de obligado cumplimiento. Por ese motivo, recomendó a sus compañeros del resto de grupos políticos que en la votación del pleno se expresara la voluntad política, ya que fuera el que fuera el resultado de la votación, hay que cumplirla.

Así las cosas, el pleno aprobó acogerse a esta modificación de las condiciones financieras de los préstamos ICO con votos a favor de los grupos PSOE y Ciudadanos y los votos en contra de la oposición formada por PP y Vox.

Por Cs su portavoz Juan Arias dijo que «llegamos a esta situación por el riesgo financiero del ayuntamiento y la gestión que han hecho los gobierno de los últimos 20 años». En su exposición, propuso que se vayan pagando los préstamos mes a mes para aliviar así la carga financiera «lo máximo posible», precisó.

Vox, por su parte, votó en contra a través de su portavoz y única concejala Eloísa Gracia, quien se apoyó para emitir su voto en un informe de la tesorería municipal que indica que es inviable para el ayuntamiento abonar la totalidad del préstamo en dos anualidades (2022 y 2023).

Este punto del orden del día fue el más polémico de todos, dejando una distancia considerable entre los grupos que forman el equipo de gobierno y los que integran la oposición.

Cambio en ordenanzas/ El pleno también trató dos modificaciones relativas a la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otra a la que regula el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra (ICIO). Ambas se aprobaron con los votos del PSOE y Ciudadanos y en contra del PP y Vox.

Con respecto a la primera, la modificación consiste en que el texto de esta ordenanza sobre el IBI establecía anteriormente una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, la cual la tiene que determinar el pleno.

Sin embargo, con la modificación, se sustituye la expresión del 95% por hasta el 95%, es decir, que ahora se determinará en el pleno que porcentaje de bonificación debe aplicarse a través de un principio de proporcionalidad y distribución, explicó la concejala de Hacienda, Juliana Megías.

El PP no la apoyó porque considera que a partir de ahora el pleno hará una valoración subjetiva de las propuestas y consideró que sería más lógico una graduación de la normativa acorde a unos criterios objetivos.

sujetos pasivos / En relación a la modificación de la ordenanza del ICIO, se hacen varios cambios, entre ellos, que en supuestos de construcciones, instalaciones y obras promovidas por las administraciones públicas serán sujetos pasivos de este impuesto los adjudicatarios de los contratos que se liciten.

En cuanto a las bonificaciones, destaca el cambio en la cuota del impuesto a favor de construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. En el anterior texto eran del 50% y ahora pasan a ser de «hasta el 50%».

Sobre las deducciones, se crea una de la cuota de este impuesto por el importe en concepto de tasa por expedición de documentos relativos a actos comunicados por obras menores con un presupuesto de ejecución de material inferior a 500 euros. Esta parte se ha redactado de nuevo para que se entienda mejor el artículo.