La organización de disminuidos psíquicos Aprosuba 2 de Almendralejo convoca una asamblea general extraordinaria para el próximo día 7 de octubre con el único punto del orden del día del cese de su actividad.

El motivo, según declara a Efe el gerente de la organización, Juan José Meneses, son los "graves problemas económicos" con los que se tiene que enfrentar esta organización, creada en 1976 y que en estos momentos tiene en plantilla a 53 trabajadores y da servicio a 182 discapacitados de cerca de una veintena de municipios.

El principal problema al que se enfrenta Aprosuba 2 en estos momentos es la "legalidad del nuevo centro y el pago al constructor", resalta Meneses, que confirma que la actividad se lleva ejerciendo en este centro desde principios del mes de septiembre, aunque tienen el suministro eléctrico y de agua potable "de forma provisional". Y es que este centro ha sido construido en una parcela municipal en la carretera de Fuente del Maestre, que fue cedida por el ayuntamiento a Aprosuba 2 desde hace años y ha sido financiado por la Obra Social de Caja Madrid.

Sin embargo, el edificio se asienta sobre un suelo no urbano, por lo que es necesario recalificarlo por parte del ayuntamiento para que la empresa suministradora de electricidad le dé el enganche para que tengan luz y calefacción el edificio y, aunque llevan muchos meses solicitando ese cambio al equipo de gobierno, "no hemos obtenido respuesta todavía", según la presidenta, Pepa Carrasco.

El segundo gran problema es que las obras del centro comenzaron en septiembre de 2006 y desde entonces ha sufrido continuos retrasos. Además, fue presupuestado en menos de un millón de euros y, finalmente, ha costado "más del doble", por lo que a la empresa constructora se le adeuda "una cantidad importante", que ésta reclama a Aprosuba 2, que no puede asumirla, por lo que amenazan con vallar la zona para paralizar la actividad en su interior.

La nueva presidenta, que fue elegida el pasado junio, asegura que, además de esos problemas económicos, está la "deuda histórica" que arrastra Aprosuba 2 desde hace años, ya que con las subvenciones que otorga la Junta de Extremadura no se llega a más que el 70 por ciento de los gastos, ya que se pagan "cuotas precarias" para el personal contratado. "No vamos a poder continuar así", advierte Carrasco, quien confía en que alguien ponga solución al problema que vive esta entidad emblemática, aunque reconoce que "será difícil" evitar ese "cese inmediato de la actividad" si los organismos no intervienen.