Malestar en Extremadura. Este es el sentimiento más extendido tras conocerse la resolución publicada en el BOE el pasado sábado por el Ministerio de Agricultura según la cual se aprueba los derechos de nuevas plantaciones de viñedo para producir cava en la región en 2020, 2021 y 2022, con una superficie de 0,1 hectáreas para cada una de las tres anualidades.

Esta decisión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, adoptada con el beneplácito del citado ministerio, fue ayer objeto de crítica tanto por parte de las organizaciones agrarias como por los políticos. De hecho, en años anteriores, habrían estado de acuerdo en que la resolución suponía frenar el crecimiento del cava extremeño, pero en estos momentos, hay un debate abierto sobre si beneficia o perjudica a los viticultores y bodegueros de la región. De hecho, para algunos, el acuerdo adoptado es correcto porque contribuirá a no devaluar el producto, mientras que para otros, especialmente las organizaciones agrarias extremeñas, la decisión condena el crecimiento del cava regional.

Durante varios años, los bodegueros y viticultores extremeños han pedido que no se hagan limitaciones. Cada limitación a final de año parecía un fuego abierto en la eterna guerra del cava. Sin embargo, algunos productores ya no lo ven así. «Hay excedente de vino base y hay un desequilibrio que perjudica a los agricultores y bodegueros, y sobre todo al valor del propio producto», razona el bodeguero Marcelino Díaz.

Los precios de la uva para cava han bajado casi al 50% en apenas dos años y esto ha provocado un fuerte descenso de la rentabilidad del cultivo de la vid para cava. Hace dos años, el vino base valía casi el doble, pero ahora hay excedente.

Por lo general, ni hay ascensos ni descensos en ventas para la nueva campaña de finales de año, algo que complica la venta de ese excedente de vino base.

las posturas/ Las organizaciones agrarias están en contra de la decisión. Así, Apag Extremadura Asaja ha sido contundente al indicar que el Gobierno central «traiciona al cava extremeño permitiendo que Cataluña decida a sus anchas sobre el futuro de este producto». Juan Metidieri, su presidente, ha calificado esta medida de «indignante».

La organización UPA-UCE Extremadura también considera «injusta» la decisión, porque «solo responde a los intereses del sector catalanista del cava que no tienen posibilidad de crecimiento, mientras que se perjudica al resto de comunidades», señala.

UPA-UCE añade que no entiende que la medida se haya adoptado por un gobierno en funciones y que no se haya esperado a la formación del nuevo.

También se muestra en contra La Unión Extremadura y lo hace argumentando que «desde hace varios años la comercialización de cava catalán está estancada y no así la venta de este producto producido en otras regiones de España», y que la propuesta solo defiende intereses catalanes.

Los grupos parlamentarios del PSOE, el PP y Ciudadanos en la Asamblea también lamentaron ayer el «cerrojazo» al crecimiento del cava extremeño durante tres años.