El ayuntamiento no recurrirá la sentencia en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida le obliga a cambiar de leve a grave la sanción que le puso a la empresa Cantos Blancos por una obra en la que amplió las instalaciones.

El alcalde José María Ramírez explicó ayer que no comparten la sanción, pero que no la recurrirán, "aunque sí lo puede hacer la empresa". Además, señaló que el hecho de pasar de leve a grave no quiere decir que se embolsen los 500.000 euros --el ayuntamiento-- como comenta la Plataforma Contra la Contaminación, sino que los técnicos tiene que valorarlo y "puede oscilar entre los 6.000 y los 150.000 euros".

Por su parte, el portavoz Fernando Bote afirmó que en las obras "se cumplió con la ley en todo momento y no hubo permisividad ninguna".

"En todo momento hubo legalidad; si se nos acusa de algo es de ser un poco flexibles y nada más, incluso la sentencia no dice en ningún momento que la obra fuera ilegal", y recordó que a la empresa se le abrió un expediente porque comenzó antes de tener la licencia, pero que después contó con los documentos necesarios, incluso el de impacto ambiental.