La organización regional Defensa de lo Público ha vuelto pedir que se recupere la práctica del rebusco en los campos extremeños para ayudar a las personas que lo utilizan como un medio para tener ingresos. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que señala que el decreto de trazabilidad de la uva y la aceituna debe ser evaluado en este 2018.

Defensa de lo Público defiende la derogación inmediata de dicho decreto porque «su aprobación y posterior aplicación han puesto de manifiesto la subordinación del PSOE y del PP a los intereses económicos y sociales de ciertos sectores de propietarios agrícolas, localizados especialmente en Tierra de Barros».

Desde este colectivo entienden que siempre se ha utilizado la práctica del rebusco para defender este decreto, «pero los robos importantes de aceitunas no han desaparecido», precisó.

MEDIDAS/ También considera que los restos de las cosechas de uva y aceituna no deben perderse porque suponen muchos miles de euros para desempleados y familias con ingresos que no superan el umbral de pobreza. Por eso abogan por recuperar la práctica del rebusco, aunque teniendo en cuenta una serie de medidas.

Por una parte, Defensa de lo Público plantea la creación de una empresa pública por parte de la Junta para que puedan participar en ella los establecimientos de compra del fruto que así lo decidan. Asimismo establecería una serie de puestos de compra del rebusco en localidades de Tierra de Barros. Los rebusqueros podrían tener libre acceso a las fincas en los periodos establecidos para el rebusco, es decir, una vez finalizadas la recogida de las uvas y las aceitunas.

En esas medidas se propone también que el número de kilos transportados en vehículos, así como las ventas hechas en los puestos de compra, deben corresponderse con cantidades por personas y que posibiliten unos ingresos dignos. Defensa de lo Público además cree que estos periodos de tiempo para el rebusco han de ser ampliados. Para ello se determinarían zonas estableciéndose unas fechas de inicio diferentes, según las cosechas.

Por último, esta batería de medidas propone que los beneficios de la empresa pública en cuestión deben ser destinados a la lucha contra la pobreza.