El Defensor del Pueblo obliga al Ayuntamiento de Almendralejo a suministrar la información solicitada por la Plataforma contra la Contaminación de la localidad después de que el Consistorio Municipal se haya negado a ello en varias ocasiones, afirma hoy el colectivo.
La plataforma ha señalado que remitió el año pasado informes a varias instituciones, entre ellas la del Defensor del Pueblo, después de que el ayuntamiento no atendiera a las dos solicitudes de información que hizo desde julio de 2015 relacionadas con los vertidos de aguas residuales en la ciudad.
Tampoco obtuvo respuesta, se agrega, a los recursos que se interpusieron por el incumplimiento municipal.
Ante esta "actitud oscurantista contraria a la ley", la plataforma decidió trasladar el caso al Defensor del Pueblo, que admitió la queja y comunicó el inicio de actuaciones.
Fue después de la admisión de esta solicitud cuando el ayuntamiento decidió contestar a la plataforma "seis meses después de que se hiciesen las solicitudes, cuando la norma establece un plazo máximo de un mes".
Además, la plataforma lamenta que en la respuesta municipal sobre el estado del arroyo de Las Picadas y los puntos de control de vertidos el ayuntamiento admitió que los vertidos detectados estaban motivados por problemas en las distintas redes de saneamiento".
La entidad califica como "curioso" que el ayuntamiento asuma que pueden existir redes de saneamiento que viertan al arroyo "y no trate de detectarlas y corregir los vertidos".
También admite, se apunta en el comunicado, que se han detectado vertidos irregulares de algunas industrias en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), aunque no consta que el ayuntamiento haya descubierto a los responsables.
En cuanto a los puntos de control de vertidos, el ayuntamiento afirma que, dada sus características, solamente se advierten vertidos de industrias relacionadas con la elaboración de vino y aceituna, no detectándose los vertidos realizados por otras industrias.
Además, informa que no se puede precisar el número de vertidos, ya que los aparatos de medida "sufren mucho y han tenido que ser renovados, estando en ocasiones no operativos o aportando datos erróneos".
Esta respuesta contrasta, dice la plataforma, con un informe municipal que apunta a que en 2010 se inspeccionaron seis industrias y se abrieron otros tantos expedientes, aunque finalmente no se resolvieron y no se sancionó a ninguna.
