Nuestros obispos llaman la atención sobre el peligro de ciertas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho a la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, considerando un derecho lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida. Es nociva para el bien común la legislación que no reconoce al matrimonio en cuanto unión firme de un varón y una mujer, ordenada al bien de los esposos y de los hijos. La crisis económica, dicen, reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo para todos. Piensan los obispos en el altísimo porcentaje de jóvenes que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más favorables para su presente y su futuro. Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas que corrijan los errores y desvíos cometidos y que atiendan las necesidades de los más vulnerables: ancianos, enfermos e inmigrantes. Se debe asegurar el ejercicio efectivo del derecho de niños y jóvenes a ser educados convenientemente, evitándose imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. La enseñanza opcional de la Religión y moral católicas en los Centros estatales es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres que exige hoy una regulación más adecuada. Hasta aquí, los obispos. Leamos los programas de los partidos. Reflexionemos con seriedad y después, depositemos nuestro voto responsable y libremente.
