El anuncio de la marcha de la Fundación San Juan de Dios de Almendralejo por falta de viabilidad financiera e indefinición de sus proyectos, además de recortes en las subvenciones, sigue siendo noticia en la localidad. El Partido Popular, a través de representantes regionales, provinciales y locales, ha exigido a la Junta de Extremadura más transparencia en las negociaciones que ha llevado a cabo para convencer a la Fundación y, sobre todo, ha reclamado qué ofrezca datos del futuro nuevo operador que pasaría a gestionar los servicios que ahora realiza San Juan de Dios como son la atención de cuidados paliativos en el hospital Nuestra Señora del Pilar y la gestión de la residencia y el Economato Social.
Elena Nevado, portavoz de Sanidad del PP en el parlamento extremeño, pide a Vara y a Vergeles «que no se vayan de vacaciones sin dar una solución cierta a los servicios que se realizan y que habían convertido a Almendralejo en referencia sanitaria». Indica que lo sucedido «es un nuevo recorte en el ámbito sociosanitario que limita los derechos de las personas más vulnerables».
Nevado también ha pedido al presidente de la Junta que haga un esfuerzo más para que la Fundación San Juan de Dios no se vaya de Almendralejo.
Por su parte, Consuelo Rodríguez, portavoz de Dependencia del PP provincial, ha criticado que el comunicado de la Junta de Extremadura hablara de sorpresa por la decisión. «Ha habido reuniones entre la gerencia de la fundación con Vergeles y Vara, por lo que la decisión sí la conocían». Asimismo, pregunta al Ejecutivo autonómico que si hay algún operador que pueda estar interesado en gestionar estos servicios cuando la Fundación San Juan de Dios ha argumentado que son deficitarios.
La población ha comentado de forma masiva la noticia en las redes sociales y a este clamor social se ha referido José García Lobato, portavoz local del Partido Popular, indicando al alcalde Ramírez a que «se comporte como el alcalde de Almendralejo y no como un amplificador de lo que hace el Gobierno de Extremadura».
Lobato considera «penosa la falta de claridad y transparencia en el proceso» y ha pedido a la Junta de Extremadura que ofrezca datos del posible operador que pasará a gestionar los servicios que cesarían: «si es real que tienen avanzadas las negociaciones y que pueden decir que van a garantizar que esos servicios siguen, por qué no dicen la entidad», pregunta Lobato.
