Defensa de lo Público, ante el inminente comienzo de las obras que están financiadas por los fondos Aepsa, ha pedido a algunos ayuntamientos de la comarca de Tierra de Barros que eliminen la obligatoriedad de tener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) como requisito imprescindible para optar a la convocatoria de estos puestos de trabajo que, habitualmente, están diseñados para trabajadores en paro procedentes del sector agrario.
Según explica Defensa de lo Público, los planes Aepsa se basan en subvenciones para realizar obras en el mundo rural y luchar contra el desempleo. Consideran que el hecho de no tener TPC no puede excluir a trabajadores agrícolas de los 30 días de trabajo a los que tienen derecho.
Su argumentación se apoya además en una sentencia emitida por la Audiencia Nacional, el 3 de noviembre de 2011, en la que ratifica la nulidad de la obligatoriedad de esta Tarjeta Profesional de la Construcción. La sentencia indica que la finalidad de la tarjeta se limita a acreditar la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, pero no otorga ningún derecho preferente o exclusivo en las contrataciones.
Añaden que, en todo caso, si el trabajador no tiene la formación adecuada en la prevención de riesgos laborales, corresponde a la empresa, o en este caso al ayuntamiento, asumir la formación de este trabajador.
