Cuando, hace meses, supe del "proceso de restauración" de la Piedad de Avalos en el Valle de los Caídos, me pregunté, intrigado: ¿desde cuándo un monumento que pesa cientos de toneladas se "desmantela piedra a piedra" para restaurarlo? Monumentos así, en todo el mundo, se restauran "in situ". Mi perplejidad casi se despejó hace unas semanas. El prior del monasterio benedictino y rector de la basílica de la Santa Cruz se quejaba el 14 de septiembre de que se está conculcando un derecho real y fundamental, avalado por la legislación vigente: el ejercicio del culto religioso y el libre acceso de los fieles al interior de los templos. Las autoridades civiles aducen la falta de seguridad para los visitantes, como si no hubiera hoy medios eficaces para "asegurar la seguridad" de los fieles y de los turistas. La supresión de este derecho, con la que no están de acuerdo los monjes, cuyo consentimiento no se ha solicitado previamente por parte de Patrimonio Nacional, supone, en palabras del prior, "un daño cualitativamente superior a los riesgos eventuales que sirven de pretexto". Aseguró el religioso que la Cruz, la Basílica y el Monasterio de la Santa Cruz son "lugares de culto y están abiertos a todos como signo de paz, de acogida y de concordia; lugar que cobija sin discriminaciones a adversarios del pasado". ¿No será estratagema del Gobierno para ocultar las "aperturas ilegales" de unas tumbas? Por si fuera poco, no faltó una voz en el Parlamento que sugería dinamitar el Valle. ¿Imitamos a los talibanes de Afganistán destruyendo sus "budas"? Dios no permita más atentados contra la religión que sigan separando a los españoles.
