Con los votos a favor del Partido Popular, en contra del PSOE Regionalistas, y la abstención de Izquierda Unida, se dio luz verde en la tarde de ayer a un plan de ajuste para solicitar la adhesión a la segunda fase del mecanismo de pago a proveedores que aprobó el Gobierno central. Esta aprobación debe remitirse, vía telemática, al Ministerio de Hacienda, antes del día 27 de septiembre, motivo por el que se celebró ayer un pleno extraordinario.
El articulo 18 del Real Decreto 4/2013 establece que las entidades locales que pretendan formalizar una operación de crédito deberán aprobar un plan de ajuste, pero en el apartado segundo se dice que las entidades que ya tuvieran un plan de viabilidad anterior solo deben hacer una revisión.
Por ese motivo, el concejal de Hacienda, Francisco Lallave, en la exposición del punto manifestó que: "Después de analizar la revisión del plan de ajuste aprobado en su día, la conclusión final a la que se llega es que el ayuntamiento dispone de capacidad financiera suficiente para hacer frente de la nueva carga financiera para el segundo tramo de pago a proveedores por un importe de 2.239.095,38 euros y lo mas importante es que no hay que adoptar ninguna otra medida aparte de las que ya se contemplaron en el pleno del 26 de marzo del 2012" (las comprendidas en el primer plan de ajuste).
Lallave continúo diciendo que: "Se pone de manifiesto que la austeridad y la eficacia en la gestión son los pilares básicos que están permitiendo dar la vuelta a las cuentas de este ayuntamiento y pasar de una situación caótica y empobrecida a un futuro prometedor".
Por su parte, la secretaria general del PSOE en la localidad, Piedad Alvarez, señaló que lo que se hizo en la tarde de ayer es reconocer que se debe a los proveedores mas de 2.200.000 euros. "Pedimos saber a quién se les debe esos casi 400 millones de pesetas, en algo mas de un año". El concejal de IU, Santiago Fernández, argumentó su abstención en que "por mi culpa no van a dejar de cobrar los proveedores".
