Agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, policía local y técnicos de los Servicios Sociales de Base de la localidad han levantado en lo que va de mes una decena de asentamientos ilegales de temporeros rumanos y portugueses.

La colaboración ciudadana y los controles que realizan la policía y la Guardia Civil son las actuaciones por las que son localizados estos asentamientos. Una de las técnicos, Juani Flores, explicó ayer que su intervención, una vez que se ha detectado uno, es "informar a los temporeros de los centros de acogidas que existen en la provincia de Badajoz, además se les informa de la legislación laboral, de la obligación que tienen los agricultores de dar alojamiento a los temporeros y se les invita a abandonar las zonas ocupadas".

Flores señaló también que otro de los servicios que prestan en esta campaña es informar a los propietarios de las fincas o locales ocupados que, según la ordenanza municipal que regula las acampadas y asentamientos, son ellos los encargados de denunciar la ocupación o sino también serán sancionados por permitir que estas personas ocupen un lugar sin estar acondicionado como vivienda.

Otro de los puntos importantes en los que centran su trabajo surge cuando en un asentamiento hay menores, momento en el cual, comenta la técnico, "tenemos que avisar a los responsables en esa materia, pues la competencia en materia de protección de menores la tiene la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Infancia y nosotros avisamos al equipo de atención al medio".

Uno de los problemas que encuentran estos trabajadores, según Flores, es que "el alquiler de la vivienda es muy caro, la media está en unos 350 euros, y ellos, sin embargo, vienen a trabajar cobrando una media diaria de 45 o 50 euros".