Los residentes de 73 viviendas sociales de la ciudad, que actualmente viven en régimen de alquiler, podrán adquirir la vivienda aportando unos 6.000 euros.
La Junta de Extremadura ha enajenado estas viviendas, que se encuentran ubicadas en las calles Eugenio Hermoso, Federico García Lorca y Ortega Muñoz, y da la posibilidad de comprarlas a quienes las habitan.
Un técnico de la empresa pública Gisvesa, que se encarga de estos trámites, y el concejal de Vivienda, Carlos Gómez, mantuvieron ayer una reunión con los 73 afectados para explicarles en qué consiste la venta y cómo es el proceso para adquirirlas.
Según Gómez, el precio de la vivienda es "super asequible" al estar subvencionada. Actualmente están tasadas en unos 78.000 euros, pero contando con las subvenciones que pueden percibir todos por parte de la Junta de Extremadura y de la empresa pública se quedan en unos 6.000 euros cada una.
"Es un buen precio para estas personas que tienen dificultades a la hora de adquirir otras viviendas", señaló.
La compra es voluntaria. Los vecinos podrán pagar el importe de la vivienda al contado o mediante un préstamo hipotecario.
En este sentido, Gómez reconoció la dificultad que hay en estos momentos para la concesión de hipotecas en los bancos, pero recordó "que la Junta de Extremadura tiene un concierto con los bancos para que no haya ningún tipo de demora a la hora de hipotecar parte de este tipo de viviendas".
En la reunión de ayer, todos los afectados mostraron su interés en adquirir la vivienda que ahora ocupan y expusieron casos particulares de algunos pisos que necesitaban ciertos arreglos.
"Aunque no es competencia del ayuntamiento, nos hemos comprometido para hablar con la dirección general de la Vivienda para subsanar los problemas de las zonas comunes", añadió.
El edil reconoce que esta medida ha causado gran aceptación entre los residentes, y añadió que también se preocupan por problemas personales dentro de la vivienda.
REQUISITOS PARA LA COMPRA En el encuentro se entregó a los vecinos un estatuto, que hasta ahora no existía, obligatorio para todas las comunidades. Antes de entregar las viviendas, intentarán que la Administración regional subsane los desperfectos de las zonas comunes y después pasen a cargo de la comunidad de vecinos, "como en cualquier otra vivienda".
Los arrendatarios disponen de quince días para entregar todos los documentos que les exige la Junta de Extremadura. El requisito principal es estar al día en el pago del alquiler.
En el caso de que ahora no deseen adquirir la vivienda, los inquilinos podrán seguir viviendo en régimen de alquiler y optar por comprarla el próximo año, pero con las subidas "sustanciales en comparación a lo que se les pide ahora".
Porque en el 2010 saldrá otra promoción de estas características, pero más caras. Estas viviendas públicas tienen una antigüedad de 18 años y sus residentes pagan una cuota de alquiler que oscila entre los 20 y los 100 euros.
