Entramos en noviembre y sobre el cava de Almendralejo se ciernen de nuevo los fantasmas de las limitaciones para nuevas plantaciones. Especialmente, desde que el pasado septiembre se aprobara un Real Decreto que deja en manos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava la facultad de limitar plantaciones, una potestad que antes recaía sobre el Ministerio de Agricultura. Teniendo en cuenta los antecedentes de años atrás, con propuestas continuas para limitar el cava (entre ellos el extremeño), no sería de extrañar que ahora, con la sartén por el mango, fuera incluso más sencillo limitar cualquier tipo de plantación para los espumosos. Y esa es la preocupación que tiene ahora el sector cavista en Almendralejo.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Almendralejo ya han movido la primera pieza aprobando una moción dirigida al Ministerio de Agricultura para que esta facultad de limitar posibles plantaciones revierta en el Gobierno central y se lo arrebate al Consejo Regulador de la DO Cava.
La modificación del citado Real Decreto es una reivindicación histórica del consejo regulador ante la situación excedentaria que tiene el sector, que ha conducido a una caída de los precios que se pagan por las uvas y por el vino base cava, según alegaba el citado consejo hace unos meses.
Concediendo el control exclusivo de la decisión sobre el número de hectáreas que dedicar para hacer nuevas plantaciones al consejo regulador, se suprime el trámite de emitir un informe por parte de las comunidades autónomas que pertenecen a la DOP Cava, entre ellas Extremadura, por lo que todo el análisis y la decisión sobre si sería necesario más plantaciones se otorga al Consejo Regulador, algo que se teme desde Almendralejo.
EN LOS TRIBUNALES/ El año pasado, la Junta ya presentó alegaciones a la resolución del 27 de diciembre del Ministerio de Agricultura mediante la cual se fijaba para el 2018 la superficie que se podría conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones, reconversión de derechos y replantaciones con un máximo de 57 hectáreas por cada una de las autorizaciones. Presentó requerimiento previo y, tras ser desestimado, presentó un recurso contencioso administrativo.
En lo que se refiere a la campaña del 2019, la consejería de Agricultura también presentó alegaciones a la resolución del ministerio que restringía las replantaciones a 377,06 hectáreas.
Ahora, la Junta, presentó el jueves un recurso contencioso administrativo ante el Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros de dejar en manos de la Denominación de Origen (DO) Cava la decisión sobre la ampliación o no de la superficie de cultivo, tema sobre el que se había mostrado en contra, porque podría perjudicar a los productores extremeños, que no tienen capacidad de decisión en este órgano.
El recurso pone en marcha la reclamación judicial que había anunciado la Junta por la decisión del Gobierno central. Ahora el Supremo deberá recabar el expediente y entonces emplazarán a los letrados de la Junta para que formalicen la demanda.
