Entre el 7 de septiembre del 2001 y la medianoche del 28 de junio del 2002 se fraguó la fugaz y polémica historia de Canal Sur Extremadura. Aunque la última página de esta historia se escribió en junio del 2002, esta televisión comenzó a nacer mucho antes, en mayo del 2001, después de que el PSOE y el PP declarasen inevitablemente rotas las negociaciones en curso para crear una televisión autonómica. A partir de ahí, y tras unas semanas de tensa calma, los hechos se precipitaron. El 9 de julio el presidente de la Junta de Extremadura, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, firmaron el protocolo de intenciones que posteriormente permitiría la emisión de la señal de Canal Sur en toda Extremadura. El 13 de agosto el Gobierno regional adjudicaba a Petsa la programación extremeña de esa televisión, Canal Sur Extremadura.
El 7 de septiembre comenzaron las emisiones con la retransmisión en directo del acto institucional del Día de Extremadura celebrado en el Teatro Romano de Mérida. Ese mismo mes arrancó la batalla judicial que desembocaría meses después en el cierre de la emisora. Y es que sólo cuatro días después el PP anunciaba la presentación de un recurso judicial contra la adjudicación a Petsa de esos contenidos regionales. El 26 de septiembre el Pleno del Senado confirmó que el protocolo de intenciones suscrito por los Gobiernos extremeño y andaluz no sería válido si no era ratificado por las Cortes y un día después, el 27 de septiembre, el Ministerio de Ciencia y Tecnología interpone dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) contra el proceso de puesta en marcha de Canal Sur Extremadura.
El 20 de diciembre del 2001 llega un auto que marcaría el devenir de la televisión. El TSJEx da la razón a Izquierda Unida y asegura que la adjudicación a Petsa vulneró derechos fundamentales al violar el principio de acceso a los medios de comunicación públicos. Sin embargo, el auto no se ejecutó puesto que IU no pudo depositar los 17,6 millones de euros exigidos como fianza.
El 14 de marzo del 2002 llegaba el segundo palo judicial: el TSJEx, basándose en la sentencia que él mismo emitió en diciembre, ordena la suspensión cautelar de las adjudicaciones que habían permitido la puesta en marcha de Canal Sur Extremadura, lo que suponía el cese de las emisiones. La Junta presentó un recurso de súplica, pero el 2 de abril el alto tribunal extremeño rechazó esa petición y ordenó por segunda vez el cese de las emisiones.
En plena batalla judicial, la Audiencia Nacional denegó la petición del PP y el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que anulase el protocolo de intenciones entre Extremadura y Andalucía, por lo que la Junta alegó que este auto se contradecía con el del TSJEx.
Sin embargo, el tribunal extremeño, cansado ya de tantas dilaciones, comunicó el 14 de junio que si la Junta no ejecutaba en diez días la orden de cesar las emisiones tendría que atenerse a las consecuencias penales por desobediencia. El 28 de junio, a las 0.00 horas, Canal Sur Extremadura dejaba de emitir.
El penúltimo capítulo se produjo en noviembre del 2002, cuando el PSOE propuso al PP que se reiniciasen las negociaciones para, si era necesario, cambiar la ley aprobada en el 2000, y a finales de ese mismo mes PSOE e Izquierda Unida alcanzaron un acuerdo para fijar los principios de la hipotética puesta en marcha de una televisión autonómica.
Ya en diciembre el vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, defendía que los diez meses de emisiones extremeñas de Canal Sur supusieron a las arcas autonómicas un coste total de 7,9 millones de euros.
