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EL SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES.

La atención a discapacitados, en el alambre financiero

Las asociaciones y los centros de empleo funcionan con los recursos económicos justos para costear los servicios que prestan.El sector asegura que la situación extrema que sufren Aprosuba 2, en A

 

Una actividad de pintura en el centro ocupacional para discapacitados de Novaforma en Cáceres. - FRANCIS VILLEGAS

A. FERNANDEZA. FERNANDEZ 11/10/2010

Si la suya fuese una actividad del ámbito circense, su situación se podría comparar con la del funambulista: un ejercicio de malabarismos y supervivencia en el que el equilibrio es esencial para mantenerse sobre el alambre. Porque un solo fallo, por pequeño que parezca, puede dar al traste con años de trabajo y esfuerzo --y en este caso, con un servicio social esencial--. Así es el día a día de las más de 60 organizaciones encargadas de la atención a personas con discapacidad en Extremadura y también de muchos de los 120 centros especiales de empleo donde trabajan 1.500 extremeños que sufren algún tipo de diversidad funcional física, intelectual o sensorial. Según estas organizaciones, los recursos financieros con los que cuentan son limitados y muy ajustados al coste de los servicios que prestan, cuando no insuficientes. Por eso, cualquier imprevisto o problema de gestión puede colocar a estas entidades en una situación muy complicada.

Dos "casos extremos" son los de la Asociación a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Almendralejo, Aprosuba 2, y el Centro de Empleo de la Asociación de Minusválidos Campo Arañuelo (AMCA), de Navalmoral. Desde dos ámbitos de actuación diferentes --el primero, en la atención sociosanitaria, y el segundo, en la accesibilidad laboral--, ambas entidades han visto comprometido su futuro por problemas económicos. En Almendralejo la situación se ha reconducido tras la reunión del jueves, en la que el ayuntamiento prometió encontrar vías de financiación para garantizar la continuidad de los servicios que Aprosuba 2 presta en la comarca a 182 personas con discapacidad. En AMCA, todo está pendiente de que la autoridad laboral resuelva sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo presentado por la empresa y que puede dejar en la calle a sus 34 trabajadores debido a la acumulación de una deuda próxima a los 2 millones de euros.

"Son dos casos puntuales", subrayan, desde el ámbito de la atención a la discapacidad, personas como Carlos González, gerente de la Federación de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) de Extremadura, o Juan Carlos Campón, director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). "No nos consta que haya ninguna otra entidad con problemas tan graves", corrobora Jesús Gumiel, presidente autonómico del Comité de Entidades de Representantes de Minusválidos (CERMI). Esa es el diagnóstico: son situaciones aisladas. Pero también reconocen la financiación ha sido y es la principal preocupación de las entidades que actúan en este ámbito. "Siempre ha sido una dificultad para todos", admite Carlos Rodríguez.

TUTELA PUBLICA La propia Constitución, así como la legislación nacional y autonómica desarrollada en las últimas décadas, estipula que son las Administraciones públicas las encargadas de prestar los servicios y la atención necesaria para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, permitiendo su "completa realización personal y su total integración social". Durante las primeras etapas de la vida, la formación educativa de estas personas se realiza a través de los centros de enseñanza ordinarios o en centros especiales, siempre bajo la tutela y las directrices de la Consejería de Educación.

Otra cosa es la atención sociosanitaria. En este ámbito, el Ejecutivo autonómico, que tiene las competencias en esta materia desde el 2001, reconoce no poder prestar "en su integridad" los servicios por "no disponer de los centros y medios propios necesarios". Por ello, se ha articulado un marco de colaboración con entidades --casi todas privadas-- que prestan esta atención especializada a las personas con discapacidad. De esta forma, son las organizaciones ciudadanas --organizaciones sin ánimo de lucro y mayoritariamente formadas por los propios usuarios y sus familiares-- quienes asumen la labor, eso sí, con financiación pública. Actualmente en Extremadura existen 64 entidades --nueve de ellas públicas-- que prestan los servicios socio sanitarios oportunos a través de residencias, pisos tutelados, centros de día y ocupacionales, sumando en total una oferta de 2.964 personas.