Abonaré a Hacienda 1.900 euros. Mi hipoteca de un piso normal se lleva 403,88 euros. Al parecer, cada mes mi sueldo se recortará en 140,08 euros, en la paga extra de diciembre me descontarán 558,35 euros y la cantidad total que habré dejado de percibir desde ahora hasta final de año será de 1.538,94 euros. Esta es la realidad de una política económica errática, lamentable y destructiva. Una política que está arruinando a todo un país.

Tengo trabajo y nómina. Es cierto. Casi cinco millones de españoles no tienen nada de eso. Miles de jóvenes salen de las universidades sin futuro laboral. Miles de adultos sobrepasan la cincuentena y se les considera inútiles laborales. Esta es, repito, la España del bienestar con la que nos han narcotizado aquellos que primero negaron la crisis, después la camuflaron, más tarde frivolizaron con ella y ahora han decidido que debemos ser los demás quienes paguemos el desastre de su gestión. Tocando lo intocable, lo más sagrado: el bolsillo.

Hablan de un impuesto para ricos que no habrá ricos de verdad que paguen pero, eso sí, subirán dos puntos el iva, un impuesto al consumo que pagaremos todos. Hablan de apretarse el cinturón quienes tienen sueldo público entre cinco y nueve mil euros mensuales, aquellos que llevan treinta o cuarenta años viviendo de la política, algunos (o alguna) que acumulan hasta tres sueldos en la misma persona. Hablan de arrimar el hombro quienes alardeaban de estabilidad financiera y llamaban catastrofistas a quienes avisaban del peligro. Dicen que los funcionarios deben hacer el sacrificio a cambio de su estabilidad laboral cuando son precisamente los funcionarios quienes han mantenido activa la economía real.

¿Dónde están aquellos que mantenían que España no merece un Gobierno que les mienta? ¿Dónde los que iban a crear el pleno empleo, los que acusaron a otros de congelaciones injustas y decretazos abusivos? Sólo tengo una pregunta para ellos y para todos: Si un Gobierno del PP hubiera recortado pensiones, eliminado derechos, provocado un 20% de paro y recortado el sueldo a los funcionarios, ¿cuánto tiempo habrían tardado en sitiar sedes, perseguir a líderes, exigir dimisiones, movilizar a las masas, convocar huelgas generales e incendiar la vida pública? Podemos perdonar errores pero nadie aguanta que le tomen por tonto.