La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado la aportación a la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) de 21.155 euros para el programa de ayudas a la rehabilitación de fachadas del casco antiguo durante el segundo trimestre de este año.
Se trata de uno de los asuntos de la Junta de Gobierno Local, de cuyo contenido ha dado cuenta el portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, que ha destacado que también se ha dado luz verde a una serie de acuerdos de concesión de medallas de reconocimiento policial a personal de la Academia de Policía Local de Badajoz como consecuencia de su actividad docente y al personal colaborador, que son policías de localidades cercanas que colaboran en los programas de formación junto a la Policía Local de Badajoz.
También se ha acordado a propuesta de la Policía Local reconocer con estas medallas al capitán de la Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz, Carlos Arzola; al coronel de la Guardia Civil de la zona de Extremadura, Miguel Olivares; al inspector jefe de la Policía Nacional, José María Gordillo; y al coronel delegado de Defensa en Extremadura, Jesús Antonio Caballero "por todas las labores de colaboración y de asistencia y de auxilio que se han requerido durante este último año".
Sentencias
En el apartado de Asesoría Jurídica, Gragera ha explicado que en la Junta de Gobierno se ha dado cuenta de una sentencia sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial que se ha estimado parcialmente en favor del interesado, y que se refiere a una caída cerca del mercadillo dominical en una arqueta "al parecer" en una zona que "debía estar vallada y no lo estaba" en Cuartón Cortijo, por la que se pedían 28.000 euros.
Al respecto, ha indicado que el ayuntamiento estudiará la posibilidad de derivar esa responsabilidad a la urbanizadora puesto que esa zona "no está recepcionada y por tanto la responsable en este caso sería la urbanizadora".
Otra sentencia de responsabilidad patrimonial que en este caso ha sido desestimada, ha continuado, consiste en un incidente registrado en la fiesta Los Palomos de 2018, por el que una persona reclamaba 12.811 euros como consecuencia de una intervención de la policía local en una "reyerta" en la que "al parecer sufrió una serie de daños", sobre lo cual ha explicado que se ha desestimado al entender que "era causa de fuerza mayor" en esta sentencia firme, "favorable" al ayuntamiento y que impone las costas a la reclamante.
El portavoz del equipo de gobierno ha citado además otra sentencia del Tribunal Supremo que ha inadmitido un recurso presentado por Construcciones Nuria por una expropiación de unos terrenos del ferial en la que solicitaba los intereses por la ocupación de los terrenos desde 1996 a 2007, y otra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en la que ha habido "una discrepancia de criterios" con el Juzgado Contencioso Administrativo, que sí daba la razón al ayuntamiento, sobre un desalojo en una vivienda municipal en el colegio Arias Montano.
Sobre esta vivienda ocupada por una funcionaria, ha expuesto que la "discrepancia" radica en si la orden de desahucio que se comunicó en su día "era suficiente para justificar esa intervención" y que el juzgado de lo Contencioso Administrativo "sí que lo entendió así", pero que el TSJEx estima que debe haber "una resolución expresa aparte", aunque valora a la vez que los argumentos del consistorio "son razonables".
