Han transcurrido más de tres meses desde que el concejal de Patrimonio, Jesús Villalba, se reunió (fue el pasado 19 de octubre) con miembros de la Coordinadora de Huertos Familiares para intentar llegar a un acuerdo sobre la ordenanza que ha preparado el equipo de gobierno para intentar regularizar estos terrenos de los poblados. Villalba dijo entonces que en dos meses esta regulación pasaría por el pleno municipal. Pero el tiempo parece haberse detenido para esta tramitación. No así para los afectados, que han estado convenciendo a sus vecinos de sus razones y han logrado reunir 3.000 firmas de personas que se oponen a la ordenanza prevista por el ayuntamiento y apoyan el texto alternativo presentado por la coordinadora. Estas firmas fueron entregadas ayer por la mañana en el ayuntamiento.
Josué Otero insistió, tras registrar las rúbricas, como portavoz de la citada coordinadora, en que los actuales usuarios de estos huertos (hay 303 repartidos entre los 8 poblados) están de acuerdo en que se regule la explotación, pero no como pretende hacerlo el ayuntamiento y lamentó que no haya continuado la negociación de la ordenanza, como les dijo Villalba, un incumplimiento que les produce la sensación de que "se están olvidando de nosotros, como olvidan todas las pedanías de Badajoz, porque somos ciudadanos de segunda para el ayuntamiento y están esperando que se nos olvide a nosotros también".
Los afectados se temen que el equipo de gobierno quiera aprobar la ordenanza "con nocturnidad y alevosía", como hizo, según ellos, cuando preparó el texto inicial el verano pasado, sin contar con los vecinos que explotan los huertos. El concejal de Patrimonio no respondió ayer a estas manifestaciones y remitió a una comparecencia que ofrecerá hoy.
TASA SOCIAL Otero insistió en que la pretensión de los usuarios de estos huertos es que su uso sea exclusivamente agrícola y que no se pueda especular con ellos ni construir viviendas, "porque casas nos sobran y se está perdiendo la cultura del campo", al mismo tiempo que defendió que los poblados son "soberanos" para decidir sobre el futuro de estos terrenos, porque se encuentran en las pedanías.
Por eso reclaman que la condición para utilizarlos sea que se cultiven y que por el alquiler (son de propiedad municipal) paguen una tasa "social" que se debería negociar con el ayuntamiento. Según el portavoz de la coordinadora, no han querido informarles de cuánto pretenden cobrar por el alquiler de estos huertos, a lo que también se oponen porque se limita a 10 años, transcurridos los cuales podrían empezar a construir en ellos, según se temen.
El principal conflicto radica precisamente en que el ayuntamiento pone un límite temporal al uso de estos terrenos "y nosotros pensamos que no tiene que ser así, porque hay gente que lleva de 25 a 50 años explotándolos y tienen su vida basada en eso".
Otero recalcó que las familias que explotan estos huertos no sacan de ellos rendimiento económico, sino que el único fruto que obtienen es para el autoabastecimiento, sobre todo en verano y la mayoría están explotados por pensionistas "y si se los quitan, los matan en vida". Respecto a la situación de incertidumbre en que se encuentran en estos momentos, Otero manifestó que ya hay personas que están reticentes a seguir cultivando los huertos porque no saben qué va a pasar con ellos dentro de un tiempo.
