Unos 30 vigilantes privados de la prisión de Badajoz que han perdido su empleo se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno para reclamar la vuelta a sus funciones y expresar su «desamparo» a raíz de la quiebra de la empresa que los contrató, Ombuds. Según Francisco Machado, delegado sindical de USO -que convocó con UGT y CCOO- protestaban porque «el Ministerio de Interior nos ha dado la espalda y nos ha dejado desamparados, en tierra de nadie, sin saber si vamos a cobrar y si volveremos a nuestros puestos de trabajo».

Los vigilantes de prisiones, «30 en Badajoz y unos 10 en Cáceres», según manifestaron, se encuentran en situación de «permiso retribuido desde el 1 de enero, nos ha dicho el administrador concursal; no sé de dónde van a sacar el dinero para pagarnos». Y aclaró que hemos cobrado la nómina de diciembre, pero nos adeudan dos meses y medio que han comunicado al Fogasa y no sé si cobraremos o no».

Su situación es la misma que la de los vigilantes privados de una quincena de prisiones de otras tantas ciudades españolas, afectados por la quiebra de la empresa Ombuds.

Asimismo, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, manifestó cuando se le preguntó por el problema de este colectivo de trabajadores que «ya se ha aprobado el nuevo pliego de condiciones para poder sacar a licitación el contrato de vigilancia y seguridad privada de las prisiones».

Afirmó García Seco que en la actualidad «estamos en un periodo de tránsito», a la espera de que se convoque el nuevo concurso para adjudicar el servicio, y que confía que no sea mucho el tiempo en que la vigilancia de las prisiones sea competencia de la Policía y la Guardia Civil y que el concurso de la vigilancia privada de la prisiones se resuelva con prontitud. Y añadió también que «el servicio volverá a ser prestado por la vigilancia privada como hasta ahora».