Los 77 chinos detenidos en Mataró durante la operación Wei han sido puestos en libertad provisional con cargos, a pesar de que la fiscalía había pedido prisión para una veintena de ellos. La jueza María de la Encina Fernández, que dirige la investigación del caso, mantiene la imputación contra todos ellos por un delito contra el derecho de los trabajadores por la explotación en régimen de semiesclavitud de muchos de sus compatriotas en sus talleres. La magistrada ha decretado que se les retiren los pasaportes y se les prohíba salir de España, y ha establecido la obligatoriedad de presentarse en comisaría el 15 de cada mes.
Ayer, la jueza interrogó a 19 de los detenidos, entre los que se encontrarían los presuntos cabecillas de la organización de explotación laboral, así como varios de los responsables de los talleres ilegales.
