La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz adelantó ayer en el acto del juicio la sentencia de absolución de cinco jóvenes del colectivo 'okupa' Las Brecha, acusados de sendos delitos de usurpación, a raíz de la ocupación de un edificio de tres plantas de la calle De Gabriel. Fue en agosto del 2011 y fueron desalojados por la policía en diciembre de ese mismo año, a petición de la sociedad propietaria del inmueble, que un mes después procedió a su derribo.

Poco antes de iniciarse la vista oral, el abogado Pérez de Acevedo, en representación de la propiedad, anunció que retiraría la acusación, como hizo al inicio de la misma, dado que consideró restituido el bien jurídico protegido como pretendía con su denuncia, y por no haberse producido perjuicios económicos ni daños cuantificables en el mismo, explicó a este diario y en la sala.

Tanto el fiscal Julio López, como los abogados defensores Adrián Rodríguez, Pedro Rodríguez, Niobé Sánchez y Juan Andrés Cortés se adhirieron a la propuesta de la acusación particular, por lo que la jueza dictó en ese momento la sentencia absolutoria. Además, aclaró que no se trataba de enjuiciar ni al movimiento okupa ni al 15-M, si no que se trató de un juicio como cualquier otro, por lo que pidió que no se intentara mediatizar.

En la puerta del edificio de los juzgados se congregaron varias decenas de personas desde primera hora de la mañana, en apoyo de los cinco acusados, a los que recibieron con aplausos junto con sus abogados cuando salieron, libres, del juicio.

El letrado Adrián Rodríguez manifestó antes de iniciarse el juicio, su preocupación porque figure en la instrucción que la policía realizó labores de seguimiento a miembros del movimiento 'okupa' "sin pruebas y sin orden judicial", al tiempo que se no acreditó que ninguna de los inculpados participara en el acto de ocupación del inmueble.

En cambio, si participaron en actividades, talleres y asambleas en lo que llamaron Centro Social Okupado. "Solo identifican a uno cuando cuando salía del edificio y dejaba la puerta abierta", dijo.

Indicó también que ni se trató de una usurpación, al menos del tipo penal utilizado en la instrucción, ni causaron perjuicios a los propietarios, pues el edificio estaba declarado en ruina desde el 2004, y se había prorrogado la orden de demolición hasta el 2011, no ejecutándose hasta un mes después del desalojo.