La Asociación de Afectados por la Riada reclama a la Junta de Extremadura la construcción de 200 viviendas de protección oficial, que no se llegaron a construir dentro de las previstas en el decreto de realojo. El presidente de este colectivo, Rafael Macías y el abogado Pedro Sánchez comparecieron ayer en rueda de prensa, para defender que con estas 200 viviendas se solucionaría el problema de las familias que ahora viven en VPO que van a ser expropiadas y de aquellos que se quedan aislados.
Macías lamentó que los propietarios de VPO van a recibir por la expropiación el precio tasado, cantidad insuficiente para acceder al mercado libre. Sobre la posibilidad de entrar en las viviendas que proyecta la Inmobiliaria Municipal, el presidente puntualizó que hay muchos otros demandantes en la ciudad.
Macías también anunció un debate público sobre el futuro urbanístico de la barriada, bajo la línea de planeamiento.
Asimismo, la asociación ha conseguido un acuerdo con las entidades bancarias que tienen hipotecas sobre viviendas expropiadas, para anticipar el cobro de la Confederación Hidrográfica.
