Eran las dos de la tarde y una vecina octogenaria que vive en los grupos José Antonio abrió la puerta de su piso a dos operarios que le informaron de que iban a revisar la instalación de butano en nombre de Repsol. Después de cambiarle la goma, le entregaron dos escritos: una factura por los trabajos realizados y un contrato de mantenimiento y le pidieron 220 euros por el servicio, pero como la mujer no tenía ese dinero en casa, le aceptaron solo 118, como una oferta por ser pensionista. A la anciana le pareció sospechoso y al día siguiente se acercó a la oficina de Butagás, donde le confirmaron que ellos no habían mandado a ningún trabajador para revisar su instalación, un servicio por el que está estipulado el cobro del 61.04 euros y que se realiza cada cinco años.
Esta mujer decidió interponer una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional por "estafa" y consiguió que la empresa que rubricaba la factura, le enviase el certificado de mantenimiento. Este es uno de los ejemplos de posibles abusos que desde hace meses se están produciendo en muchos domicilios de la ciudad, sobre todo donde viven personas mayores y casi siempre a horas intempestivas, fuera de horario comercial.
Soledad Nieto, gerente de Butagás (el único servicio oficial de Repsol Butano en Badajoz y el único que distribuye butano en la ciudad) cuenta que lo que está ocurriendo es que hay empresas instaladoras de gas, que están dadas de alta como tales, cuyos trabajadores van a casa de clientes para hacerles la revisión y aprovechan para cambiar gomas y reguladores pero normalmente no dejan el certificado obligatorio en un modelo oficial que acredite que la revisión se ha hecho, según obliga el Reglamento de Combustibles Gaseosos. Suelen entregar un contrato de mantenimiento y una factura y un presupuesto "que a efectos legales no sirven para nada". La gerente deja claro que la revisión no la tiene por qué hacer Butagás, sino cualquier empresa autorizada, pero debe aportar al cliente este certificado para que a ellos les conste que se ha hecho.
Suelen ser empresas que proceden de otras ciudades. En algunos casos, asegura Nieto, hay operarios que se identifican como procedentes de Butagás, según han confirmado testigos. Apunta además que en ocasiones cobran precios desorbitados. Por un servicio que cuesta poco más de 60 euros, han llegado a pedir 392 euros, "por no sabemos qué, porque no le han hecho nada y esto es un fraude en toda regla". Además, está ocurriendo que estos operarios realizan este trabajo a pesar de que el cliente tiene la revisión actualizada o no la tienen pero deben volver a hacerla porque ésta no les ha servido. Nieto alerta asimismo de que si posteriormente surge algún problema en la instalación, estas empresas no responderán. "Nosotros podemos competir con las empresas del mercado, que es libre, pero no en una competencia desleal", recalca la gerente de Butagás.
La revisión de la instalación de la bombona conlleva el cambio de goma, la comprobación del funcionamiento del regulador y de la estanqueidad del tubo de cobre, así como la comprobación del monóxido de carbono en el aparato a gas. El regulador (la alcachofa que se encaja en la botella) no tiene caducidad, aunque los fabricantes recomiendan cambiarlo a partir de los 10 años. "Pero recomiendan, no obligan", recalca Nieto, quien asegura que a su oficina llegan muchos días clientes que han sido visitados con facturas de importes en los que como mínimo cobran 100 euros (un regulador cuesta 20).
UN CENTENAR En esta empresa tienen constancia de que en Badajoz han podido ocurrir más de un centenar de casos. Esta situación no es de ahora, pero desde hace unas semanas las quejas se han multiplicado.
En la Policía Nacional no tienen denuncias, aunque conocen la situación porque no es reciente y hay afectados que llaman. El problema, según apuntan en la comisaría, es que son empresas legales, el cliente acepta voluntariamente y firma el presupuesto que le presentan, pero luego queda decepcionado cuando llama a su compañía y comprueba que la revisión no ha servido de nada. Además, por ser cantidades inferiores a 400 euros, se quedaría en una falta.
En la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) constan estas quejas, que se producen periódicamente, aunque no se traducen en demasiadas reclamaciones. El problema radica, según esta oficina, en que llegan a domicilios que ya tienen firmado un contrato de mantenimiento con otra empresa, pero los clientes desconocen si ya les toca la revisión. Desde la OMIC aconsejan que como el contrato se firma fuera del establecimiento hay un plazo de 7 días para rescindirlo y pedir la devolución del importe abonado.
