Había caso". Con estas dos palabras inició ayer una rueda de prensa el concejal de IU en el Ayuntamiento de Badajoz, Manuel Sosa, tras hacerse público que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado a principios de semana una querella ante el juzgado de instrucción número 2 de Badajoz, como consecuencia de las continuas denuncias que su formación ha venido realizando desde el 2004 sobre presuntas irregularidades urbanísticas, que afectan a los terrenos del plan parcial (SUP II 3) donde se encuentra el Canal de Badajoz, en la margen derecha del Guadiana y que no solo tienen que ver con la propiedad de este canal.
El juzgado confirmó ayer que la querella está presentada aunque la jueza titular se negó a dar información sobre su contenido y posibles imputados. Hay que tener en cuenta que ahora debe ser ella la que determine si los indicios de delito detectados por la Fiscalía Especial para los Delitos Económicos son suficientes para admitir a trámite la querella o, por el contrario, archivarla.
PODRIAN HABER PRESCRITO Según Sosa, la fiscalía ha decidido actuar en estos momentos porque algunos de los posibles delitos podrían prescribir si no se llevaban al juzgado. En este sentido, explicó que las presuntas irregularidades investigadas por Anticorrupción pueden tener que ver con la permuta de terrenos que el ayuntamiento acordó con Jardines del Guadiana en los que el suelo municipal fue valorado muy por debajo de su precio. Los terrenos referidos se encuentran en el mismo plan parcial donde está el Canal de Badajoz, cuya desaparición del patrimonio municipal denunció IU, asunto que también Anticorrupción está investigando.
La permuta afectó a los terrenos conocidos como Los Lavaderos y el consistorio acordó cambiarlos por otros en el Cerro de Reyes, donde luego construyó viviendas de la riada. Según los datos ofrecidos en su día por Sosa, que trasladó a la fiscalía, cuando se constituyó Residencial Jardines del Guadiana, esta sociedad aportó como capital social terrenos del SUP II 3, valorándose el metro cuadrado a 107 euros. En junio del 98, el ayuntamiento valoró terrenos de su propiedad en el mismo lugar a 39,70 euros el metro y pasaron a Jardines de Guadiana mediante permuta. A los 13 días la promotora vendió en el mismo lugar a Piscis a 138 euros el metro y a los dos meses vendió 600 metros para el restaurante McDonald´s por 901 euros el metro. "El fiscal dirá lo que tenga que decir, pero creemos que hay un desfalco de los valores de capital de este ayuntamiento", señaló Sosa, quien apuntó que si se deduce que se hizo de mala fe, se trataría de un error administrativo pero si fue conscientemente, habría delito.
POSIBLES IMPUTADOS Según la información que maneja el concejal, la fiscalía ha imputado "de momento" a dos empresarios y a dos técnicos del ayuntamiento, "pero la investigación no está terminada" y "en el futuro puede haber más imputados y más delitos de los que se presentan ahora". Esta querella es "la punta del iceberg", dijo. Sosa recordó que desde la primera denuncia que IU presentó el 8 de octubre del 2004 a la última, el 4 de abril del 2008 sobre la desaparición de una acequia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, IU ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción más de 1.600 folios. Y recordó que durante todos estos años "este concejal ha recibido presiones de mil formas además de descalificaciones personales".
También compareció el concejal socialista José Ramón Suárez para decir que la querella es un "primer paso". Destacó que su grupo dejará trabajar "sin interferencias" al juez, pero señaló que se pueden desprender dos tipos de responsabilidades: las penales o civiles y las políticas. Tanto Sosa como Suárez, cuyas dimisiones el equipo de gobierno ha pedido repetidamente, dijeron que quien tiene que irse ahora es el alcalde.
