Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz ha echado por tierra parte de los argumentos de la Diputación de Badajoz para vincular la concesión de subvenciones por el Plan Dinamiza al cumplimiento de la ley de memoria histórica y el catálogo de vestigios elaborado por la institución. Considera que el consejo de expertos de la institución provincial tiene solo carácter asesor y que sus informes no son vinculantes y no pueden servir de base para denegar las ayudas de la institución provincial a municipios que incumplan la ley de memoria histórica, pues no le concede autoridad para decidir quién cumple o no la ley, así como la denegación de ayudas viene a ser una sanción, para lo que no tiene competencias, pues ello requiere un expediente y un procedimiento administrativo que no se ha llevado a cabo.

El fallo dice, textualmente, que estimando el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Badajoz contra el Decreto del presidente de la Diputación de Badajoz, de fecha 19 de junio de 2018, “en virtud del cual se apruebas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones que financian actuaciones de inversiones en obras y equipamiento, al amparo del Plan Dinamiza Extraordinario de 2018, debo declarar y declaro nulo de pleno derecho el Decreto impugnado, con los efectos inherentes a este pronunciamiento. Todo ello con imposición a la Administración demandada de las costas procesales causas en esta instancia”. La sentencia tiene fecha de 5 de junio de 2019, y puede ser recurrida en apelación ante el mismo juzgado, en el plazo de 15 días.

El fallo es el primero de los seis recursos presentados contra la decisión de la diputación de vincular la concesión de subvenciones al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Tras conocerse la sentencia, la diputación ha declinado pronunciarse directamente sobre su contenido y remite a un próximo comunicado. El alcalde en funciones de la localidad de Guadiana sí ha manifestado su satisfacción por “el nuevo varapalo judicial al presidente de la diputación, en relación a las coacciones que ha pretendido imponer”.