El Ayuntamiento de Badajoz no ha conseguido que los tribunales le den la razón en su empeño de demostrar que la responsable de la caída que sufrió una mujer en una arqueta de la vía pública porque carecía de tapa, es la empresa concesionaria del servicio, Aqualia.

El consistorio ya pagó a la víctima 55.300 euros en concepto de indemnización por los daños que había sufrido y reclamó a la concesionaria el reintegro de esta cantidad mediante un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 que presentó contra Aqualia.

Pero este juzgado desestimó dicho recurso y el ayuntamiento insistió en sus argumentos mediante un recurso de apelación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que de nuevo da la razón a la concesionaria, de manera que el consistorio tendrá que abonar ahora, además, las costas.

El TSJEx ha considerado que no existe prueba de que la tapa de la arqueta fuese de titularidad de la concesionaria del agua, pues la única prueba es el informe de una dependencia municipal que se realizó veinte meses después del siniestro.