TDte arqueología se habla mucho y, como en el fútbol o la medicina, todo el mundo es experto. Pero no. Siendo algo de lo que cualquiera puede informarse, de arqueología quienes entienden, o debieran entender, son los arqueólogos. Ser arqueólogo es ser un muyahid --un luchador de la fe--, empleando la terminología islámica, y eso en función de la propia formación y de la propia conciencia profesional. El sujeto que decide libremente, soportando incluso la coacción de los progenitores, dedicarse a esta ciencia --es ciencia, no profesión-- sabe que nunca se va a hacer rico; que se le va a menospreciar, por ser de letras; que sus posibilidades de trabajar como tal son escasas, aun habiendo crecido los últimos años, y que, finalmente, va a tener que codearse, en el desarrollo de su actividad de campo, con gremios de profesionales ensoberbecidos --hay excepciones-- y con gentes de un nivel garbancero, cuyo afán de notoriedad o lucro los llevan a despreciar una actividad pertinaz y entrometida. Sólo aprecian el Patrimonio en la medida en que lo ordeñan.
¿Qué papel juega el arqueólogo en proyectos no específicamente arqueológicos? Pongamos por caso: la alcazaba de Badajoz. Pues es un intermediario entre la Administración y los ejecutores del proyecto. Hace de inspector, sometido a los debidos controles, de las labores en sitios de interés arqueológico, en yacimientos y en monumentos históricos. Y es así a pesar de que quienes lo contratan es a los que, a veces, tiene que controlar. Raro, pero legal. Podía hacerse de otro modo, pero, por ahora, es la norma. De ahí los frecuentes problemas en la ejecución de muchas obras. Los arqueólogos se convierten en los culpables de las faltas de todo el mundo, sufren las presiones y los malos modos y acaban por convertirse en integristas intratables, por propia cuestión de supervivencia.
Porque, al final, aceptan ser los únicos capaces de proteger el Patrimonio contra los intereses, a veces dudosos, de terceros. No deben extrañar los escándalos. Esas actitudes, claro está, no son obligatorias. Dependen de la inteligencia de los participantes en cada obra concreta. Pero justificar los daños al patrimonio con el cumplimiento de contratos mal pensados no es de recibo. Y es ilegal.
