José María Ortega, arrendatario de la polémica finca El Tesorero, de 19 hectáreas, propiedad de Inmobótoa S. L. --empresa de la familia Camuñas, que pretendía hacer una urbanización privada en esos terrenos--, abrirá la valla que la circunda dos días antes de la romería de Bótoa, para permitir el acceso a la misma, según manifestó a EL PERIODICO.
La apertura de esa parcela es obligada por sentencia judicial de primera instancia, recurrida por la propiedad ante el Tribunal Supremo, aún pendiente de fallo. El juez reconoció en su momento el derecho de servidumbre de acampada reclamado por la Hermandad de la Virgen de Bótoa durante el conflicto entre la citada sociedad inmobiliaria y el ayuntamiento, dado que la finca está junto a la ermita, lugar utilizado por los romeros a lo largo de la historia.
Inmobótoa pretendía hacer una urbanización cerrada de 120 viviendas unifamiliares para los militares de la base de Bótoa, y ante la negativa del ayuntamiento tras un polémico proceso, en el que intercedieron importantes miembros del PP de ámbito nacional, la empresa valló su propiedad. La demanda de la Hermandad, cuyo hermano mayor es el empresario inmobiliario Fernando Sánchez Cuadrado, se resolvió días antes de la romería hace dos años y el representante de Inmobótoa, Emilio Santos, dio las llaves al entonces portavoz municipal socialista, Eduardo de Orduña.
LA FINCA COMPLETA Emilio Santos pregunta aún, no obstante, "¿por qué no se obliga a abrir otras fincas tradicionalmente utilizadas también por los romeros y que se desgajaron de la finca matriz; parte, propiedad de la hermana del presidente de Bótoa, que la vendió parcelada?"; pues, añadió, "habría que abrir la finca completa, de más de 300 hectáreas y no sólo este trozo".
