La asociación Amigos de Badajoz considera que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar el cubo de Biblioteconomía de Badajoz es de obligado cumplimiento y, por tanto, "no procede recurso alguno".

Amigos de Badajoz, que denunció esta construcción ubicada en el centro histórico pacense, responde así a la "enorme expectación" generada por conocer si la asociación pediría la ejecución de la sentencia.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de la localidad pacense en relación a las obras de la Facultad de Biblioteconomía, hoy de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo es "inapelable", pese a que el Ayuntamiento apelara a la imposibilidad material de su ejecución.

Como consecuencia, los autos han sido remitidos ya al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que "ahora debe reponer el procedimiento al momento procesal en el cual debe ser atendida la petición de ejecución formulada en su día".

El fallo "se ajustaba a lo que las partes implicadas esperaban", y por tanto "ni supuso sorpresa ni alegría" en la asociación, quien entiende que "no debió llegarse a esta situación", provocada por "el empecinamiento de quienes pudieron tomar medidas a tiempo y a quienes acudimos para que las tomasen".

"Nuestras propuestas iniciales eras menos onerosas que las resultantes de la última sentencia del Tribunal Supremo", se indica desde la Asociación Amigos de Badajoz.

En su opinión, "produce sonrojo que hayan aparecido tantos defensores de lo indefendible; no se aprecia en la mayoría de los comentarios nada de lo que sería de esperar en un estado de derecho moderno, como es el cumplimiento estricto y sin dilación de la decisión de nuestro más Alto Tribunal".

El Tribunal Supremo "se ha pronunciado por tercera vez a favor de la corrección de los graves errores cometidos y que, además, en su ultima sentencia reduce las obras para ajustarlas a la legalidad a una décima parte".

Esta decisión se produce "a tenor" de los datos que ha facilitado el propio ayuntamiento, que valoró las consecuencias del primer fallo en 8 millones de euros y ahora, en la ultima sentencia se reducen a 800.000 euros, al haberse asumido el informe emitido por la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En su dictamen, la academia daba un "severo varapalo" al Ayuntamiento, por haber concedido la licencia; a la Junta de Extremadura, por haber fallado todos los instrumentos de fiscalización; y a la propia Universidad, como primer órgano asesor en materia de Patrimonio.