Si depende del Ayuntamiento de Badajoz, la empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia, no va a refacturar los recibos correspondientes a consumos realizados por los pacenses los últimos meses del 2008, a los que según denunció el PSOE, se han aplicado precios más elevados que no entraban en vigor hasta el 2009. El todavía concejal de Aguas y que seguirá siendo responsable de la concejalía de Consumo, Alberto Astorga, se pronunció ayer por primera vez sobre esta denuncia, que data de hace casi un mes, y dijo que no está justificada porque lo que ha hecho la empresa concesionaria es "legal", ya que el pliego de condiciones por el que se regula el servicio establece que el precio que se aplica es el vigente en la fecha de facturación, no en la de consumo.
De ser como dice Astorga, la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ya advirtió ayer de que entonces el pliego de condiciones no se ajusta a la legalidad, porque a nadie se le puede cobrar a un precio distinto del establecido en el momento en que se produce el consumo.
El concejal de Consumo negó que se haya facturado mal y recalcó que "se está aplicando la ley y el pliego de condiciones con sentido absolutamente estricto y se están cumpliendo las tarifas a rajatabla", porque "no se ha facturado más de lo que se ha consumido", se ha tenido en cuenta "la tarifa vigente en cada momento y la del 1 de enero es la que está en vigor en esa fecha, no se puede aplicar la del 30 de diciembre". "La tarifa --recalcó-- es con independencia de cuándo se realiza el consumo, porque así lo dice el pliego de condiciones y la ley". Es decir, según el edil, "se aplica la tarifa vigente en cada momento, y la que está en vigor a partir del 1 de enero del 2009 es la que hay porque la otra ya no existe". Siendo como él dice, Astorga llegó a manifestar que él desconoce "dónde está el problema, yo no tengo consciencia de que se haya facturado mal y si se ha hecho, que los vecinos reclamen".
LOS ARGUMENTOS A favor de su postura esgrimió que hasta el momento no se ha recibido ninguna reclamación de consumidores, ni en la Omic, ni en la Inspección de Consumo de la Junta de Extremadura, ni en la Unión de Consumidores, ni en la propia Aqualia. El responsable de la UCE, Roberto Serrano, ya señaló en su día que no se producirían reclamaciones, ya que el desfase de los recibos es por muy poco dinero y nadie se va a molestar por tan escasas cuantías. Sin embargo, para Aqualia la ganancia sí es significativa, de ser como denunció el concejal socialista José Ramón Suárez, ya que si tiene 67.200 clientes en Badajoz y a cada uno se les cobra un exceso medio de 1,5 euros, sumarían más de 100.000 euros que ha facturado de más.
El concejal se quejó de que durante "veinte días" se haya intentando "inflar el balón de una polémica ficticia".
Tras conocer estas manifestaciones, el responsable de la UCE en Badajoz, Roberto Serrano, advirtió de que si el pliego de condiciones es el que consiente esta forma de proceder, "entonces lo harán todos los años", además de considerar que entonces el pliego de condiciones "es ilegal" pues "no es legal aplicar precios que no están vigentes en el momento del consumo, eso está claro". Serrano recordó que cuando era concejal de Aguas Nicasio Monterde, Aqualia hizo lo mismo y la Inspección de Consumo de la Junta de Extremadura sancionó a la empresa.
La UCE ya solicitó que Aqualia refacture de oficio y la creación de una comisión de consumo, pero si no se llega a ningún acuerdo, denunciará el caso ante la Inspección de Consumo.
