La sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a Rosa María G. P., a dos años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de estafa, por los que el fiscal había solicitado seis años y medio de cárcel. También le condena a indemnizar a la familia perjudicada con 7.552 euros. Sin embargo, la Audiencia la absuelve del delito de intrusismo del que venía siendo acusada por las acusaciones particulares, al considerar que aunque la inculpada vistió la toga, esto lo hacía como un elemento más del engaño para conseguir llevar a cabo la estafa.
La Sala considera probado que en el 2001 la inculpada, de 30 años y natural de Badajoz, simuló ser abogada para estafar a una familia que tenía un hijo con un expediente abierto en el Juzgado de Menores. Sirviéndose de una recomendación amistosa se hizo pasar por letrada y logró cobrar varias cantidades de dinero, para lo que falsificó documentos, como requerimientos del juzgado, tasaciones de costas y certificados de la Agencia Tributaria.
LA ESTAFA Para hacer creíble el engaño, se presentó ante los perjudicados y ante otras personas como licenciada en Derecho y abogada, cuando carecía de cualificación técnica ya que sólo había aprobado dos asignaturas de la carrera de Derecho. Pese a ello, facilitó tarjetas de visitas en las que figuraba como tal y emitió documentos en los que hacía constar dicha profesión. Incluso, llegó a exhibir y a portar en los pasillos del Palacio de Justicia una toga.
Según las pruebas practicadas, ha quedado probada la autoría de los hechos. El tribunal también le impone el pago de una multa de nueve meses a razón de una cuota diaria de 1,21 euros, en total 326,70 euros.
