Los empresarios pacenses Angel Medrano y Rafael Alvarez-Buiza han sido absueltos por la Audiencia Nacional de los delitos fiscales y de falsedad documental de los que estaban acusados en el caso conocido como de Tele 5, junto con el que fue presidente de dicha cadena y secretario general de la ONCE, Miguel Durán; el empresario Francisco Javier de la Rosa; el exvicepresidente de la cadena privada Santiago Muñoz Macho; el exsecretario general Juan Carlos López Cid-Fuentes; el exconsejero delegado Alfredo Messina y el abogado de Finninvest Giovanni Acampora, todos ellos absueltos.
La sentencia se dio a conocer ayer a todos los acusados por la Sala de lo Penal después de un proceso que ha durado más de diez años, desde que el Juzgado de Instrucción 5 de la AudiEncia Nacional iniciara la instrucción a instancias de la Fiscalía Anticorrupción el 21 de julio del 1997, por los delitos contra la hacienda pública y falsedades, por los que el fiscal solicitaba penas de 1 a 13 años de prisión, como es el caso de Miguel Durán, 12 para Muñoz Machado, 7 para Medrano y Buiza, 5 para Javier de la Rosa, 3 para Messina y López-Cid y 1 para Acampora.
Además, figuraban como responsables civiles las sociedades Gestevisión-Telecinco S. A., Publiespaña S. A., Telefuturo S. A., Gran Tibidado S. A., Divercisa S. A., Aldeanueva S. A., Jaralta S. A., Pléyade S. A. y Dinv S. A.
ACCIONES Para los empresarios pacenses, la causa se abre a raíz de que Anticorrupción investigara el trasvase de acciones de Tele 5 que éstos tenían cuando llevaban Promociones Calle Mayor, que construyó la nueva sede territorial de la ONCE en Badajoz, lo que les acercó al secretario general de la organización, Miguel Durán, entonces presidente de la cadena privada. La Ley de Televisiones Privadas establecía que ningún socio podía tener más del 25% de acciones, pero la fiscalía sospechaba que Berlusconi controlaba más del 25% a través de sociedades interpuestas.
Buiza y Medrano compraron el 10% de las acciones en un principio, aunque más tarde sumaron un 5% más, que vendieron por unos 42 millones de euros, si bien entonces la moneda era la pesetas --unos 7.000 millones--, en varias operaciones entre los años 1992 y 1993, a las sociedades de Leo Kirch y la Banca Internacional de Luxemburgo. A raíz de esta investigación, también la Agencia Tributaria vio indicios de delitos fiscales por no declarar correctamente las plusvalías obtenidas por la venta de dichas acciones.
Ahora, la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dice que todas las acciones realizadas en dichas operaciones societarias y las declaraciones ante la hacienda pública se ajustaban a derecho, tanto las operaciones realizadas en el interior de España como las de ámbito internacional. No descarta que se hubiera podido producir algún tipo de irregularidad, pero en todo caso, señala que no hay pruebas de intentaran eludir responsabilidades fiscales.
Los acusados estaban en libertad bajo fianza de 120.000 euros en el caso de Durán; 901.518 en el de Muñoz Machado y 450.759 cada uno de los extremeños Medrano y Buiza.
