Medio centenar de auxiliares de ayuda a domicilio se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Badajoz para reclamar unas condiciones «dignas». La protesta fue convocada por CCOO. Ángela De la Montaña, delegada sindical y trabajadora social en el consistorio, explicó que con esta convocatoria pretendían hacer «visibles» las «precarias» condiciones de trabajo a las que «tiene sometidas el ayuntamiento» desde hace más de 20 años a un colectivo que en su mayoría son mujeres «formadas y cualificadas», que no tienen reconocido ni el grupo donde deberían estar encuadradas, ni «sus derechos más básicos». Además, denunció que «la organización del servicio no permite el desarrollo de las funciones curriculares para las que se han formado y cuya titulación se les exige, pues la atención al usuario debería ser integral en lugar de limitarse a la limpieza a domicilio.

Pero el equipo de gobierno municipal aduce que el ayuntamiento no puede ofrecer estabilidad creando estos puestos de trabajo porque está asumiendo una competencia que no es municipal sino autonómica. La concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, señaló ayer que siendo conscientes del retraso que sufren muchos solicitantes de la Ley de Dependencia, el ayuntamiento está atendiendo a esta población que considera «vulnerable». A este respecto, De la Montaña señaló que aun siendo competencia de la Junta no hay ninguna normativa que no permita a los ayuntamientos destinar una partida presupuestaria a este servicio.

En Badajoz, el ayuntamiento tiene contratadas a 150 auxiliares de ayuda a domicilio a través de la subvención del Plan Experiencia que concede la Junta de Extremadura, con cofinanciación municipal. Según la concejala, sus retribuciones son las que corresponden a su categoría profesional y en cuanto a su cualificación, señaló que la «gran mayoría» de los beneficiarios solicita ayuda doméstica, junto a la personal y el acompañamiento. Recordó por otra parte que es el Sexpe el que realiza la selección y el decreto que regula el Plan Experiencia establece que sean contratos anuales y que no se contrate a la misma persona dos años seguidos. El ayuntamiento además tiene un contrato anual con la empresa Clece, por 632.000 euros, para atender los casos con mayores necesidades y para que ningún usuario se quede sin servicio. En este sentido, el sindicato pide que se «remunicipalice» la parte que está externalizada.

Desde CCOO defienden que no se puede ofrecer un servicio de calidad sin estabilidad en el empleo, por lo que rechazan que se sigan realizando contratos de 21 horas semanales, que no tengan reconocida la protección de incapacidad temporal, piden que se les reconozcan los trienios y denuncian que no exista ni un solo puesto de auxiliar de ayuda a domicilio en la Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento. La concejala apuntó que en la mesa de empleados públicos del 18 de diciembre, CCOO, UGT y CSIF firmaron el acuerdo para que no se descuenten las bajas excepto al personal temporal, como es el caso de los trabajadores del Plan Experiencia y el Plan de Empleo Social.