Los autores de grafitis ilegales podrán ser sancionados con multas de entre 750 y 1.500 euros, cuando entre en vigor la llamada Ordenanza Cívica que está preparando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, según informó ayer a través de un comunicado. La prohibición de realizar pintadas viene regulada en la actualidad en la Ordenanza de Policía Urbana y se refiere exclusivamente al deterioro del mobiliario urbano, que considera como una falta muy grave y la multa es de 90 euros.
La nueva Ordenanza Cívica se ocupará no solo de las pintadas que ensucian fachadas y monumentos de la ciudad, sino que también abordará los actos vandálidos en el mobiliario urbano, el uso inadecuado del espacio público para juegos, la práctica de la mendicidad "y todas aquellas conductas que atenten contra los derechos de los ciudadanos en su utilización de los espacios públicos", recoge el comunicado. Lo que se pretende, según el primer teniente de alcalde, José Antonio Monago, es "preservar el espacio público como lugar de convivencia".
RECLAMO CIUDADANO Este anuncio se realizaba un día después de que varios colectivos de la ciudad reclamasen a través de este diario medidas para acabar con la proliferación de pintadas. Entre los denunciantes está la Asociación Amigos de Badajoz, a quien Monago da la razón en sus quejas. "Para estas conductas asociales, para su prevención y corrección está pensada la iniciativa de la ordenanza", señala José Antonio Monago.
La nueva ordenanza está en fase de redacción y para el borrador se ha realizado un estudio comparativo con la normativa existente en otros lugares de España, tomando como referencia la aprobada en Barcelona. Monago afirma que se dará a conocer a colectivos vecinales y grupos políticos para que hagan sus aportaciones y sugerencias y una vez aprobada, se iniciará una campaña de sensibilización local, pues "una ordenanza sin la complicidad y la participación de los ciudadanos quedaría en papel mojado", afirma Monago.
DIFICIL Este comunicado de Monago se hizo público después de que el alcalde, Miguel Celdrán, fuese preguntado por el problema de los grafitis y reconociese que es un problema de difícil solución. La dificultad de eliminar las pintadas radica en primer lugar en que muchas propiedades afectadas no son municipales y el ayuntamiento tendría que solicitar la autorización de los dueños y, en segundo lugar, la proliferación de este tipo de actos vandálicos. Celdrán dijo que el ayuntamiento no da abasto con los medios de los que dispone y además el sistema del chorro de arena daña el material sobre el que se ha pintado.
El alcalde pidió colaboración ciudadana para que se localice y denuncie a los autores, "porque no podemos tener un guardia en cada fachada ni en cada papelera ni monumento". También hizo un llamamiento a los padres para que se informen del proceder de sus hijos, y a la justicia "porque aunque sean menores, los padres deben responder de los perjuicios ocasionados" pues Celdrán cree que si la multa que tienen que pagar es elevada, "hablarán con el niño".
