Mano dura contra los vándalos. El ayuntamiento denunciará por la vía penal a quienes provoquen daños en el patrimonio histórico. Así lo anunció ayer la portavoz del equipo de gobierno, María José Solana, quien explicó que se ha tomado esta decisión ante el incremento de ataques contra distintos monumentos que se ha detectado en los últimos meses, muchos de ellos "gravísimos" y en ocasiones sin posibilidad de devolverlos a su estado original.
Solana señaló que el ayuntamiento no puede consentir que estos hechos se sucedan, por lo que ha decidido dar un paso más en la protección del patrimonio histórico de la ciudad y recurrirá a la vía penal en los casos en los que la gravedad de los actos vandálicos así lo requieran. La alcazaba, recientemente rehabilitada en gran parte, o la muralla en el tramo del parque de Puerta Pilar son de las más afectadas por estos ataques con pintadas, graffitis con laceraciones o perforaciones.
La portavoz recordó que el artículo 323 del Código Penal establece que será castigado con pena de prisión de 1 a tres años y multa de 12 a 24 meses quien cause daños en un archivo, registro, biblioteca, centro docente o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos.
"La situación está siendo verdaderamente grave", alertó Solana. La portavoz subrayó que una de las "preocupaciones" del equipo de gobierno ha sido acreditar la historia de la ciudad con la rehabilitación del patrimonio monumental, pero no para que se convierta en "un parque temático, sino que hubiese vida", pero "por culpa de unos pocos, que ya van a ser delincuentes, se están produciendo destrozos importantes".
En este sentido, cito como ejemplo la decisión de no cerrar la alcazaba por las noches, que pese a ser uno de los monumentos más afectados por los actos vandálicos, se mantendrá abierta porque el buen uso que hace la mayoría de este recinto acredita que fue una elección acertada.
Estos daños no solo son complejos y costosos económicamente de restaurar, sino que en ocasiones los desperfectos son de tal magnitud que no tienen solución y se convierten en un "lastre gravísimo" para la rehabilitación. A los vándalos, según Solana, no les pueden salir gratis sus acciones, porque a la ciudad "no le sale gratis rehabilitar ni tener que devolver a su estado original, en los casos en los que se puede, el patrimonio afectado".
Hasta ahora, el ayuntamiento actuaba por la vía administrativa, con sanciones, contra quienes cometían este tipo de ataques contra el patrimonio y eran identificados por la policía. "A partir de ahora daremos un paso más y se acudirá a la vía penal casi más como norma que como excepción", aseguró Solana.
La portavoz municipal señaló que la decisión del equipo de gobierno de endurecer su posición contra los ataques al patrimonio se complementará con un incremento de la vigilancia. "Esta ciudad va a ser punto y continuidad de muchas más rehabilitaciones y las inversiones y patrimonio que se está recuperando exigen una actuación mucho más expeditiva con respecto a los actos vandálicos", aseguró.
