No hay fecha para el derribo parcial del Cubo de la Facultad de Comunicación Audiovisual y Documentación. Ni siquiera si la última sentencia del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento de Badajoz contra el auto del Tribunal Superior de Justicia que obligaba a demoler dos plantas de la facultad, es la definitiva. El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, defendió ayer que seguirán buscando las vías legales posibles para evitar que esto ocurra. "Si la ley me permite un solo recurso más --dijo--, lo presento, porque tengo muy claro que sería magnífico que la facultad se quedara como está, porque es bueno para la ciudad".
Por eso señaló que deben agotarse todos los recursos legales existentes, no para alargar el proceso, según aclaró, sino para evitar la demolición, pero aún no pueden tomar una decisión a la espera de que la asesoría jurídica del ayuntamiento emita un informe. "Si yo tuviera un recurso lo presentaba porque nadie se tiene que sentir afectado por eso", señaló, pues lo contrario sería "dejación de nuestras obligaciones en defensa de lo que creemos, que es el interés general".
Fragoso compareció ante los medios de comunicación tras el pleno ordinario celebrado ayer. Reconoció que la sentencia le ha sentado "mal" y que la ciudad "no puede estar contenta con esta decisión". Apuntó que la orden de derribo tiene su origen en un problema "puramente urbanístico", no por un "atentado al patrimonio", sino que en la decisión de ubicar una facultad en el interior de la Alcazaba, se debió modificar antes del Plan General de Ordenación Urbana, en lugar de conceder la licencia y cambiarlo posteriormente.
Defendió además que acudieron al Supremo porque estaban convencidos de que "íbamos a ganar" y a partir de ahora, en su opinión, los tiempos los tienen que marcar la sala y la parte que demandó, en referencia a la Asociación Amigos de Badajoz. Este colectivo considera que la ejecución sigue adelante. El alcalde tiene claro que "para la ciudad es magníficamente bueno y positivo que la universidad siga en el Casco Antiguo y, por todo ello, reiteró que todo lo que hagamos a partir de ahora será trabajar para que siga siendo así y sea cual sea la decisión final, se intentará que lo que se decida no afecte al año académico.
Durante el pleno, el portavoz socialista, Celestino Vegas, acusó al equipo de gobierno de "falta de transparencia" en este tema, que no ha dado a conocer a pesar de que la sentencia tiene fecha de hace un mes, del 10 de octubre, y siendo un "asunto tan importante". A estas críticas respondió el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, diciendo que "aquí nadie le marca la agenda al equipo de gobierno, comparecemos cuando creamos conveniente, sólo nos falta que el portavoz de la oposición nos diga cuándo", a lo que Vegas añadió que estaba ejerciendo un derecho de la oposición.
En este cruce de reproches, entró el alcalde para señalar que la sentencia llegó hace unos días (el 29 de octubre, según ha trascendido,) y que los fallos judiciales pasan por la Junta de Gobierno Local cuando los servicios jurídicos han emitido un informe, lo que suele tardar unos 20 días.
Por su parte, el portavoz de IU, Manuel Sosa, preguntó cuánto ha costado al ayuntamiento este proceso y manifestó que su postura es que la sentencia se cumpla.
Tras el pleno, Fragoso señaló que son los servicios jurídicos los que tienen que informar de "qué escenarios tenemos" a partir de ahora. Reconoció que ya se consiguió un "paso muy importante" con el último auto que limita el derribo a dos plantas. Por eso, una vez que el futuro se clarifique, lo primero que habrá que plantear a la universidad es si puede seguir en este edificio con menos espacio. Tampoco tiene claro el alcalde si es el ayuntamiento es el que tiene que asumir el coste de la obra, repercutirla o compartirla con tras administraciones.
