El Ayuntamiento de Badajoz deberá pagar 2.000 euros al Gobierno de Extremadura por mala calidad del agua de la pedanía de Alvarado y no cumplir los requerimientos mínimos de abastecimiento de agua en grifo durante los años 2007 y 2008, según la resolución de un expediente sancionador instruido por la Dirección General de Salud del Ejecutivo autonómico.
El teniente de alcalde pacense Alberto Astorga ha explicado este viernes que en 2003 se contaminó el pozo del que se abastecía Alvarado y que éste fue sustituido "por una cuestión de emergencia" con bolsas de agua, pero que los trámites para las obras que subsanarían este problema han culminado "hace poco tiempo".
Ha indicado que en su momento la Junta abrió dos expedientes al consistorio de la capital pacense por la calidad del agua suministrada en Alvarado en los años 2007 y 2008 tras una inspección habitual y en los que se imponía por ambos años una multa de 2.800 euros, aunque en su día dicha multa fue alegada por el consistorio argumentado que se habían iniciado los mencionados trámites. Por esta razón, ha destacado, el asunto ha sido "parcialmente estimado", de forma que la multa se ha reducido a 2.000 euros.
Astorga, que ha informado en rueda de prensa de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana, ha agregado que en el apartado jurídico también se ha dado cuenta de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura que no acoge las alegaciones planteadas por el ayuntamiento en un recurso interpuesto contra el Decreto 218/2009 de la entonces Consejería de Administración Pública y Hacienda relativo a las normas marco de la Policía Local de la región.
Ha recordado que el contenido de esta normativa se consideró por el consistorio "que era probable la anulabilidad del mismo porque las alegaciones hechas en la fase previa de alegaciones no se habían tenido en cuenta por parte de la administración autonómica" y que su regularización "era tan exhaustiva que sobrepasaba las competencias de mera coordinación de la Policía Local que tiene asumidas la consejería y que invadía terrenos de autogobierno y autoorganización de las corporaciones locales".
De esta forma, el edil 'popular' ha apuntado que, según la sentencia del Supremo, dicho decreto es "perfectamente legal", y aunque ha dicho que el consistorio la "acata", ha aseverado que desde el equipo de gobierno pacense mantienen que las exigencias del decreto "van mucho más allá de los sistemas de coordinación".
Interpelado por si el Ejecutivo regional de José Antonio Monago, quien fuera también concejal de la capital pacense, podría modificar este decreto, ha dicho que una normativa de estas características "siempre hay posibilidad" de cambiarla, pero que "eso ya dependerá del Gobierno regional".
OTROS ASUNTOS
En la Junta de Gobierno Local también se ha acordado interponer una sanción de 174,75 euros por incumplimiento de relaciones contractuales a la empresa Mesas del Río, adjudicataria de las obras del párking de Conquistadores, por incumplimiento de los pagos a sus contratistas, en este caso la empresa Jarex, por la obra del auditorio Ricardo Carapeto.
Además se ha solicitado la publicación de ficheros en el Boletín Oficial de la Provincia, "paso obligatorio", según Astorga, para poder grabar las imágenes de las cámaras de seguridad que el ayuntamiento pretende implantar para el control del tráfico.
Finalmente, se ha dado luz verde a un cambio en la celebración de los mercadillos de los días 25 de diciembre y 1 de enero, que pasarán a los días 24 y 31 de este mes, respectivamente, y a la adjudicación a Aqualia de la obra de sustitución de las conducciones de abastecimiento de agua potable en las calles Hortensia por 133.000 euros y en la calle La Salvia por 147.500 euros, dados los problemas de dicha red de la barriada Ciudad Jardín.
