El Ayuntamiento de Badajoz acaba de dar el primer paso que culminará en la implantación de un sistema de videovigilancia para la seguridad ciudadana en el término municipal, con la instalación de un máximo de 40 cámaras, que inicialmente se han anunciado en la Alcazaba y en el Casco Antiguo. El consistorio acaba de sacar a licitación la asistencia jurídica para la redacción de un proyecto técnico, según recoge el Perfil del Contratante, por un presupuesto máximo para la realización de este trabajo de 8.470 euros (7.000 euros más IVA). Las propuestas tienen que estar presentadas antes del próximo 19 de marzo.
Según recoge la memoria técnica, el contrato externo se justifica en que para poder implantar un sistema de videovigilancia en Badajoz el ayuntamiento necesita los servicios profesionales de un equipo de licenciados o graduados en Derecho, así como los ingenieros técnicos competentes en materia de seguridad y videovigilancia «con acreditada experiencia en este tipo de sistemas en ciudades», para que redacten el proyecto jurídico y técnico que defina las condiciones para el suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema compuesto por un total de 40 cámaras (cámaras PRO de 16 Mpx y cámaras multisensor de 8 Mpx y con grabación de imágenes durante un plazo máximo de 30 días).
El sistema de videovigilancia se plantea como una herramienta de apoyo a las fueras de seguridad mediante la monitorización en tiempo real y con grabaciones de video de diferentes áreas estratégicas de la ciudad, así como poder disponer de una herramienta potente de búsqueda por apariencia de personas y vehículos y detectar comportamientos inusuales.
Será la Junta de Seguridad Local que convoca el ayuntamiento la que defina las ubicaciones estratégicas de las cámaras, en función de los antecedentes y necesidades que se pretendan cubrir, justificadas con informes de los responsables de los cuerpos de seguridad del Estado.
Especifica además el pliego que la configuración general del sistema estará coordinada con la Jefatura de la Policía Local de Badajoz y con todos los negociados del ayuntamiento afectados, como infraestructuras, electricidad o informática.
Para implantar el sistema de vigilancia el adjudicatario debe redactar un proyecto que permita su certera definición jurídica. Deberá tener en cuenta que existe una normativa muy prolija en materia de utilización de videocámaras por parte de las fuerzas de seguridad en lugares públicos, de protección de datos personales y en comunicaciones.
Para pedir los permisos necesarios, tienen que indicarse los lugares donde se van a instalar, la selección de las cámaras adecuadas para los fines que se pretenden y los elementos auxiliares, requisitos técnicos de instalación y el procedimiento de transmisión de datos. Esta tramitación tendrá carácter de anteproyecto y acompañará a la solicitud que debe tramitarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), para lo cual el ayuntamiento presentará la solicitud en la Delegación del Gobierno. Una vez que el TSJEx resuelva, el adjudicatario realizará el proyecto jurídico definitivo de la ejecución del sistema de videovigilancia.
La instalación de cámaras en espacios públicos es una medida que periódicamente se ha venido anunciando como solución a los problemas de inseguridad o comportamientos incívicos que se denuncian en la ciudad. En el baluarte de San Pedro se colocaron 4 pero nunca llegaron a funcionar. Hace meses el equipo de gobierno informó de la instalación de 21 cámaras en el perímetro de la Alcazaba y la portavoz, María José Solana, concretó que se haría aprovechando la infraestructura del cableado y los báculos para la iluminación monumental del interior del monumento, que se iba a financiar con fondos de la estrategia Dusi. Lo recordó el mismo día del pasado mes de agosto en el que informaba de la instalación en el Casco Antiguo de una quincena (13 o 14, dijo) de cámaras distribuidas por distintas calles del Casco Antiguo, sin concretar los lugares exactos, con cargo al Plan de Impulso. Solana sólo mencionó El Campillo como uno de los sitios donde podrían implantarse, en respuesta a la petición de colectivos ciudadano.
Debido al proceso de autorización previa que requiere el sistema de videovigilancia por parte del TSJEx, el contrato establece unos plazos para la realización de los trabajos por parte del adjudicatario. Así, antes de 30 días deberá presentar el proyecto jurídico y la propuesta básica para incorporarla a la solicitud de autorización. Una vez que el TSJEx apruebe la solicitud y en base a los cambios o condicionantes que incorpore, tendrá otros 30 días para presentar el proyecto jurídico de ejecución definitiva, a partir del cual se sacará a licitación el suministro, instalación y puesta en servicio.
