El ayuntamiento ha dado un nuevo paso en el proceso de demolición del cubo de la Facultad de Biblioteconomía, que ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en la sentencia dictada en octubre del 2009, al contratar la asistencia técnica para los informes previos a la redacción del proyecto de demolición.
Hasta ahora, el consistorio contaba con un proyecto básico, que redactó el arquitecto jefe del Servicio de Gabinete de Proyectos, Luis Monfort, pero para hacer efectiva la sentencia deberá contar con un proyecto de ejecución con el fin de proceder a la restitución del edificio de la facultad a la situación previa a las obras, según explicó a este diario el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Fragoso.
La Junta de Gobierno Local del pasado 10 de septiembre fue informada de distintos decretos firmados por el alcalde, Miguel Celdrán, por los que se contrataba, a propuesta del Gabinete de Proyectos, la asistencia técnica para el análisis constructivo y de los materiales del edificio de la Facultad de Economía, por un importe de 7.670 euros.
Por la misma cantidad se adjudicó la asistencia técnica para el cálculo y análisis de la estructura y cimentación. También por 7.670 euros se contrató el análisis del edificio y su entorno desde el punto de vista de Patrimonio para la restitución del edificio que actualmente ocupa y utiliza la facultad.
El concejal de Urbanismo, por su parte, ya anunció el pasado mes de junio que se realizarían estos informes técnicos.
GRADO DE EJECUCION Por su parte, el TSJEx se dirigió hace unos días al ayuntamiento para pedirle que informase sobre el desarrollo de la ejecución de la sentencia, "algo que el Tribunal Superior hace de vez en cuando para ver cómo están las ejecuciones que en su día ordenó", según informaron fuentes del TSJEx.
No obstante, el primer teniente de alcalde anunció en enero que el ayuntamiento continuaría luchando en los tribunales por la conservación del edificio de Biblioteconomía, pese a que la orden judicial de demolición daba un plazo de tres meses para ejecutarla. También anunció Fragoso que pedirían una ampliación del plazo, por considerarlo "insuficiente", para que dieran al ayuntamiento como mínimo ocho meses para elaborar el proyecto de derribo, un plazo que también se le acaba.
La Comisión Provincial de Patrimonio tuvo conocimiento en junio el proyecto básico elaborado por el ayuntamiento, que rechazó al considerar que vulneraba la Ley de Patrimonio en su artículo 39.
