Según el teniente de alcalde Alejandro Ramírez del Molino, el secretario del ayuntamiento avala que la competencia a la hora de establecer los servicios mínimos de los autobuses urbanos en una jornada de huelga es del alcalde, por tratarse de una concesión municipal. En base a esta premisa, la Comisión de Tráfico abordó ayer, en una reunión extraordinaria, la propuesta de servicios mínimos para las ocho jornadas de huelga que ha convocado el comité de empresa de la empresa concesionaria, Tubasa. La propuesta del ayuntamiento es que estos ocho días (el próximo 31 de octubre y 2, 6, 7, 14, 20, 21 y 28 de noviembre) deben circular por la ciudad la mitad de los autobuses que normalmente cubren las líneas urbanas, es decir, 19, además de un autobús que lleva al cementerio.

TARDE Según esta propuesta, en la mayoría de las líneas ocurrirá que la frecuencia de parada se verá incrementada. En las líneas 1, 2, 4, 6, la Circular 1 y la Circular 2 habrá sólo un autobús, en lugar de 2, como hay habitualmente. Las líneas 3, 7 y 8 se mantienen con dos autobuses. La línea 5 tendrá dos autobuses, en lugar de cuatro y la 9, tres y no cuatro como normalmente. Para los poblados, los tres pasan a dos pero atenderán todas las pedanías modificando los tiempos. Los microbuses no saldrán esos días, ni tampoco funcionará el autobús de Biblioteconomía, ni los cinco de refuerzo ni los nocturnos.

A la comisión informativa acudió invitado el gerente de Tubasa, Julián Pocostales, para explicar el proceso de negociación que ha llevado a la convocatoria de huelga. Nicolás Romero, de UGT, sindicato convocante de la huelga, se quejó ayer de que a la comisión tendrían que haber sido invitadas las dos partes para transmitir en igualdad de condiciones sus posturas. Tanto IU como el PSOE se mostraron en contra de los servicios mínimos que defiende el equipo de gobierno.

Tras las explicaciones de Pocostales, el concejal Ramírez del Molino defendió que las peticiones del comité de empresa relativas al incremento de salarios supondrían un sobrecoste anual de entre 180.000 y 240.000 euros "que al final repercutirían en todos los ciudadanos y ya tiene bastante déficit", señaló.

Ramírez del Molino explicó que la empresa ofrece una subida del IPC más 0,6 puntos mientras que los trabajadores piden el IPC más 1 punto, además de una serie de pluses nuevos que no estaban recogidos con anterioridad, como un plus de recarga de la tarjeta, de 0,20 euros por día, uno de penosidad para los mecánicos de 20 euros al mes y que el tome y deje del servicio pase de los 15 minutos de ahora a 20 minutos. El incremento global que reclama el comité de empresa se iría al 7,79%.