Tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, innumerables titulares narrando las diferencias y un acuerdo unánime del pleno de la corporación provincial han sido necesarios para que el Ayuntamiento de Badajoz perciba (el ingreso se producirá en unos días, la próxima semana) el millón de euros que le corresponden a la ciudad y otros 101.244 para Villafranco del Guadiana, con cargo a planes Dinamiza que la diputación vinculó al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, decisión que tumbó el tribunal autonómico.

El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, informó de que Tesorería de la diputación le confirmó que ayer ya se había firmado la orden de transferencia para que se haga el ingreso. Del millón de euros correspondiente al Plan Dinamiza para grandes municipios (que la diputación solo denegó a Badajoz porque las bases de la convocatoria obligaban a eliminar los vestigios que, según una comisión de expertos creada al efecto, eran franquistas y que el ayuntamiento recurrió), 700.000 se destinarán a construir un campo de fútbol 11 de césped artificial junto al Seminario Diocesano, en la margen derecha. Los 300.000 euros restantes se dedicarán a la renovación de acerado. En cuanto a la ayuda que le corresponde a la pedanía de Villafranco del Guadiana, del Plan Dinamiza 2018 (denegada también porque según los expertos mencionados el topónimo incumple la Ley de Memoria Histórica) los 101.244 se invertirán en el equipamiento de instalaciones socioculturales, deportivas y obras de abastecimiento. El mismo proceso ha sufrido el Ayuntamiento de Guadiana, que ahora percibirá 168.000 euros.

Gragera confirmó ayer la firma de la orden de transferencia tras la reunión de la Junta de Gobierno Local que, según explicó, tuvo conocimiento de tres autos del TSJEx archivando definitivamente los procedimientos judiciales del ayuntamiento contra la diputación sobre el Plan Dinamiza. El archivo se produce tras alcanzar ambas administraciones un acuerdo transacional por el que se reconoció la ilegalidad de las bases y por tanto el derecho del ayuntamiento a percibir la subvención. Una vez que se pusieron de acuerdo en el modo y el medio de pago, se presentó ante el tribunal. Según señaló el portavoz, de todo lo ocurrido se desprende que «el cauce judicial ha quedado completamente cerrado» y añadió que «este litigio ha durado demasiado tiempo».

Por otro lado, Gragera informó de una sentencia del TSJEx que pone «fin» a la impugnación que presentó el sindicato USO contra las bases de convocatoria de cuatro plazas de subinspectores de la Policía Local de Badajoz. Esta decisión judicial se produce después de que en primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo diese la razón a USO en cuanto que no se podía limitar la convocatoria a quienes tuviesen dos años de experiencia en la categoría funcionarial anterior. El ayuntamiento no estaba conforme porque existía cobertura legal y acudió al TSJEx, que ahora le da la razón y da plena validez a las bases de la convocatoria.