El Ayuntamiento de Badajoz quiere agotar todas las "vías legales" para evitar el derribo de parte de la Facultad de Biblioteconomía, según defendió ayer el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, quien informó de que el consistorio acaba de presentar hace unos días un recurso de suplicación ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (la misma que emitió la sentencia de derribo).

En este recurso contra el auto de ejecución el ayuntamiento alega que, según la legislación vigente, quien tiene que correr con la labor de demolición de la obra realizada al amparo de la licencia que contraviene la ley corresponde al propietario (la Junta de Extremadura) y solo posteriormente cabría la ejecución subsidiaria por el ayuntamiento.

El concejal se refirió, como ya hizo en este diario el director de la oficinal del Plan General Municipal, a que tras la aprobación por la Junta del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Badajoz que permite las obras realizadas en la alcazaba, podría darse la paradoja de que en ejecución de la sentencia del TSJEx hubiera que demoler ahora parte de la facultad y posteriormente se podría acometer la misma obra amparada en la nueva normativa. Dada esta situación, Celestino Rodolfo apuntó que existe un cauce procesal que contempla la imposibilidad de ejecución de la sentencia para evitar que esto ocurra, ya que el Plan Especial del Casco Antiguo "legaliza" la facultad, "contando además con todas las bendiciones de la Junta". Además argumentó que no se ha producido una modificación puntual del plan para intentar salvar una ilegalidad, sino que es anterior a la primera sentencia, aunque la aprobación del PGM se haya dilatado a lo largo de los años.

Según el concejal, cabe plantear un incidente de ejecución, cuando se produce un conflicto entre poderes ejecutivos y judicial, que suele ocurrir porque las sentencias se demoran muchísimo en el tiempo. En el caso de Biblioteconomía, han pasado 8 años "y ahora los resultados podrían ser distorsionantes, porque eso ya está legalizado".

INDEMNIZACION Rodolfo aportó un auto de la misma sala del TSJEx, de septiembre del 2004, cuyo razonamiento jurídico justifica la imposibilidad de ejecutar una sentencia porque "la ejecución de un fallo pudiera resultar alterado por la realidad material o jurídica dado el transcurso del tiempo o que la ejecución pudiera afectar a intereses generales". Dice que "llevaría a un quebranto económico y dudosamente restablecería una realidad que por efecto del tiempo es de difícil reparación". Este auto acordaba una indemnización sustitutoria porque reconocía un derecho, aunque de imposible ejecución. Si así ocurriera en el caso de la facultad, Rodolfo estima que quizá no se indemnizaría a Amigos de Badajoz porque carece de ánimo de lucro.

Paralelamente, el lunes se cumple el mes de plazo que el TSJEx concedió al ayuntamiento para que presentase el proyecto de derribo. El concejal apuntó que aunque concluya el plazo se puede interesar una prórroga, aunque confirmó que sí van a cumplir la fecha, pero será un "proyecto básico" pues se tardarían de 6 a 8 meses en realizar un proyecto de ejecución de demolición y reestructuración de la envergadura que contempla la sentencia "que habrá que hacerlo", dijo.